A pesar de las impugnaciones recibidas por parte de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la legislatura aprobó el pliego con 38 votos a favor y 7 en contra el viernes pasado.
Durante la mañana de ayer, Washington Navarro Dávila asumió como titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa. El viernes pasado, con la Legislatura vallada, se aprobó el pliego con 38 legisladores a favor y solo 7 en contra. Eudoro Aráoz (UCR), Luis Brodersen (PRO), José Canelada (UCR), Rubén Chebaia(UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Luis González (UCR) y Claudio Viña(Nueva Fuerza) fueron los parlamentarios que votaron en contra de la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
Los votos en contra respondieron a un rechazo como oposición, sin tener en cuenta las argumentaciones que esgrimieron las organizaciones sociales y de derechos humanos que impugnaron la postulación realizada por el gobernador Juan Manzur.
La ceremonia de Juramento de Ley se realizó en el Salón de Actos del Palacio de Justicia de la Provincia de Tucumán, donde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tomará juramento a Navarro Dávila.
Por la Ley 8.983 de febrero de 2017, Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán, se creó el cargo de Ministro de la Defensa. Las etapas en el proceso de selección son: concursos de antecedentes y oposición, entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los candidatos propuestos, y período de impugnación.
Desde que se conoció la propuesta, la Fundación Mujeres x Mujeres, que llevó adelante la defensa en el caso de Belén, la joven que estuvo presa dos años por un aborto espontáneo, repudiaron la designación de Navarro Dávila, quien se había desempeñado como fiscal en la causa. “Recordamos que el encarcelamiento preventivo de Belén y su posterior juicio oral estuvieron plagados de vicios de forma que llevaron a un contundente Dictamen del Ministro Fiscal que se pronunció no solo por la libertad, sino por la inocencia de la joven acusada de “homicidio agravado por el vínculo y por alevosia”, en franca violación del diagnóstico médico de “aborto espontáneo” que obraba en documentación que el Fiscal tuvo a la vista desde el inicio e ignoró imperdonablemente”, expresaron a través de un comunicado.
En los medios locales resonó mucho más la noticia de que el fiscal demoró 11 años en recibirse de abogado y que tuvo más de 36 aplasos, que el hecho de que una joven de 25 años haya estado 29 meses presa por irregularidades en la investigación por parte de Navarro Dávila. Incluso el caso llamó la atención del Comité de Derechos Humanos y del Relator contra la Tortura de la ONU.
“Es una bofetada a los derechos de las mujeres, fue quien pidió la cárcel para Belén. Es un Fiscal que le imputó un homicidio aunque su historia clínica contenía un diagnóstico de aborto espontáneo y lo hizo aun antes de tener una autopsia del feto”, sostuvo Soledad Deza, abogada de Belén.
“Es un Fiscal que dejó que primen sus prejuicios de género por sobre la búsqueda de la verdad material y que no sólo no tiene antecedentes de conocimiento en género y DD.HH, sino que demostró en esta causa una sólida ignorancia de derecho. Si existiera la objeción de consciencia judicial contra los derechos de las mujeres, él la encarnaría”, concluyó Deza.
A esto se suma la impugnación presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, “entendemos que su actuación como Fiscal instructor en causas de torturas, “Belén”, y otras mostraron su profundo desconocimiento en materia de derechos humanos, garantías y perspectiva de género.
Nos preocupa profundamente que alguien que ha dado muestras acabadas de ejercer violencia institucional contra personas en estado de vulnerabilidad, pueda acceder a un cargo en el que tendrá la responsabilidad de garantizar el derecho de defensa, justamente a las personas de los sectores más vulnerables”, expresaron y ejempolificaron con tres casos de torturas que quedaron impunes.
También denunciaron que fue este mismo fiscal quien archivo la causa que investigaba la muerte de la bebé de 10 meses, Morena Cacieccio, ocurrida en 2012 tras las demoras del avión sanitario de la provincia, bajo el gobierno de José Alperovich.
Oscar López, ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, también impugnó el pliego de Washington Navarro Dávila, recordando las irregularidades en la causa que investiga los gastos sociales y las valijas de la Legislatura y que Navarro Dávila es parte de ese manejo.
Mariana Álvarez, referente de APDH, expresó su preocupación, ya que son los sectores más vulnerables los que acceden a la defensa pública. Lo que justamente denuncian las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos es que esta persona lo que no hace es velar por esos intereses. “Ha dado muestras de desconocer el derecho de los derechos humanos, garantías, principios básicos de derecho penal y la perspectiva de género”, expresó la abogada.
