Un grupo de trece mujeres trans y travestis presentaron una acción de amparo en Argentina para denunciar la violencia institucional que sufrieron y exigir su derecho a una seguridad social que les permita llevar una vida digna. Las demandantes, todas mayores de 50 años, son sobrevivientes de una persecución sistemática y abuso policial en el marco de los derogados edictos y contravenciones. Enfrentaron maltrato, hostigamiento, detenciones arbitrarias y torturas por el solo hecho de expresar su identidad de género, y ahora reclaman justicia y reparación.
“Memoria y Verdad siempre tuvimos lo que nos negaron y reclamamos es Justicia” dijo en la conferencia de prensa María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Después de una investigación de más de 4 años, recopilaron y entregaron sus propios legajos policiales que son “la prueba necesaria” de la cantidad de veces que sufrieron los atropellos estatales.
Durante décadas, estas mujeres fueron arrestadas en la vía pública, en cualquier momento del día, y en promedio eran detenidas dos veces al mes, a menudo hasta 15 días en condiciones inhumanas en comisarías. Las agresiones incluyeron golpes, violaciones y abusos cometidos tanto durante como después de la dictadura militar en Argentina. Las contravenciones y edictos policiales, normativas consideradas inconstitucionales y de baja jerarquía, les prohibían vestirse con prendas de “otro género” y ser visibles en el espacio público. Como consecuencia de esta violencia institucional, muchas de estas mujeres quedaron marginadas del sistema laboral formal, excluidas de la seguridad social, sin acceso a la salud y sin posibilidad de construir vínculos comunitarios o un proyecto de vida propio.
“Queremos dar un mensaje a toda la sociedad para que las nuevas generaciones trans no pasen por la persecución policial, para que no vivan todos los atropellos que hemos vivido nosotras. Es una manera de concientizar” reflexiona Ivana Tintilay, que fue la primera en buscar su legajo. Tuvo que pasar por los mismos pasillos que cuando era detenida de adolescente.
La iniciativa legal busca que el Estado argentino reconozca esta violencia sistemática, que les otorgue una pensión reparadora y garantice sus derechos humanos fundamentales. Respaldadas por el Archivo de la Memoria Trans y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las peticionantes representan a toda una generación de personas trans y travestis que han sido históricamente marginadas. Esta acción legal, según expresaron, es solo el inicio de una lucha para que el país repare las injusticias cometidas contra ellas, y para que reconozca públicamente la violencia estatal que sufrieron hasta la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012.
Por su parte Lucía De la Vega, Coordinadora de la Agenda Transversal Feminista y co-coordinadora de la Clínica Jurídica, Litigio y defensa legal, explica que se trata de un amparo colectivo que busca “una prestación básica universal para las 13 peticionantes pero también para toda persona de más de 50 años que haya pasado situaciones de violencia institucional que integren colectivo trans”. El mismo será presentado en el Fuero de la Seguridad Social de la jurisdicción Federal en la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de presentado y admitido, otras personas travestis y trans podrían sumarse. “Deberán acreditar con el legajo de antecedentes esa situación de violencia institucional. Además, lo que se intenta con esta acción es que se modifique la Ley del Sistema Unificado de Jubilaciones y Pensiones en función de la Ley de Identidad de Género. En su artículo 19, esta ley es sumamente binaria y no tiene en cuenta las condiciones del mismo colectivo” finalizó De la Vega.
Desde Futuro Trans, un colectivo que defiende los derechos de esta comunidad, subrayan que los abusos constituyen un genocidio travesti y crímenes de lesa humanidad. “Esta es una primera acción posible”, señalaron en un comunicado.
