Organizaciones denunciaron penalmente a Manzur, Chahla, Vigliocco, Beatriz Ávila, y a Adriana Giannoni por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quién había sido violada.
Durante esta mañana dos denuncias penales fueron radicadas contra funcionarios públicos en relación a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo de Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, que finalmente fue sometida a una cesárea.
La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, el secretario de SIPROSA, Gustavo Vigliocco, Beatriz Ávila, directora del hospital donde estuvo internada la niña, y la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid, fueron denunciados “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Delitos Complejos 2 por la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.
“Denunciamos que se dilató ilegalmente el acceso a la salud – expresaron – creándose barreras médico-burocráticas que configuran violencia institucional. Denunciamos que la atención clínica en este caso estuvo plagada de violaciones a los derechos de una niña como “paciente” que se traducen en el incumplimiento de los deberes que todo funcionario público que preste servicios sanitarios tiene”.
En la denuncia se detalla que los funcionarios públicos tienen el deber de respetar la autonomía, deber de brindar información, deber de asegurar la asistencia y deber de garantizar el trato digno y respetuoso, libre de violencias y el deber de resguardar la confidencialidad e intimidad en la atención de interrupción legal de embarazo.
Por otra parte, referentas de Patria Grande, Elizabeth Gómez Alcorta, Gabriela Carpinetti, Cecilia Merchán, Ofelia Fernández y Victoria Freire, presentaron una denuncia penal en los tribunales federales porteños contra el gobernador Juan Manzur, la ministra Chahla, Vigliocco, Elizabeth Ávila, la fiscal Adriana Giannoni, y Washington Navarro Dávila, Ministro Público de la Defensa de Tucumán, por el delito de abuso de autoridad.
“Los funcionarios públicos han incumplidos diversas normas a través del dictado de resoluciones o por medio de ciertas acciones u omisiones, por lo que entendemos que corresponde realizar una pesquisa a fin de corroborar los extremos presentados ye las eventuales responsabilidades”, expresaron en la denuncia.
Como abuso de autoridad también deben entenderse los actos u omisiones de funcionarios que violan la Constitución Nacional o las leyes de manera dolosa.
“Queda claro aquí que diferentes funcionarios han llevado adelante una serie de acciones y de omisiones contrarias a estas disposiciones legales. La judicialización del caso y la demora en la realización de la práctica por parte del Sistema de Salud Provincial, encabezado por Vigliocco con el aval del Ministerio de Salud a cargo de Rossana Chahla e incluso del Gobernador de la Provincia Juan Manzur resultan palmariamente contrarias a las mismas e incluso a las disposiciones de Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, sentenciaron en el escrito.
