El legislador provincial por Fuerza Republicana se embarró nuevamente en twitter para expresar su posición contraria al recientemente aprobado Cupo Laboral para personas trans en el Poder Judicial. Sin argumentos legítimos y con argumentos falaces, obstruye el debate serio y letrado sobre los derechos de las personas, una tarea fundamental de los representantes del poder legislativo en democracia.
Por Bruno Bazán
A pocas horas que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia aprobará el Cupo Laboral Trans en el Poder Judicial, el legislador tucumano Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) se despachó en twitter posicionándose en contra con formas discriminatorias de referirse al colectivo y esgrimiendo argumentos falaces. No puede sorprender a ningún ciudadano que conozca la historia de nuestro país y más aún de nuestra provincia, que Ricardo Bussi esté en contra de la inclusión de las personas trans, o más aún, del sistema internacional de Derechos Humanos.
El fundador del partido, Antonio Domingo Bussi, que actualmente representa “Ricardito” en la legislatura, Fuerza Republicana, fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en el año 2008. El partido evita hablar sobre derechos humanos, y cuando lo hace se refiere a ellos en términos negativos o engañosos. Es porque allí, en la legislación de derechos humanos, se pudo consolidar el pedido de justicia sobre los terribles delitos cometidos por Antonio Domingo durante la última dictadura cívica militar.
En Tucumán el Terrorismo de Estado comenzó con el Operativo Independencia en 1975. En ese mismo año Antonio Bussi fue ascendido a general de brigada, y luego destinado a comandar el operativo represivo en en la provincia. Las leyes de obediencia debida y punto final dieron la oportunidad de que este mismo hombre se presente como candidato por primera vez en las elecciones provinciales de 1987, logrando recién en 1995 ganar la gobernación de Tucumán, hasta 1999.
Nuestra provincia tiene una historia de negación y ocultamiento de los terribles hechos acontecidos durante la última dictadura. No hay nunca un cambio de un Estado a otro que sea total e inmediato. Un territorio no deja de estar plagado de violencias de un día a otro, por el contrario las mutaciones de esas violencias son lentas, paulatinas y toman formas que pueden no ocultarse durante mucho tiempo.
Un ejemplo de ello es un relato recurrente en la comunidad trans. Las mujeres trans que vivieron el paso de la dictadura al gobierno democrático dicen que para su realidad esto no significó cambio alguno en la violencia que ejercían las fuerzas policiales sobre ellas. Golpes, extorsión y violaciones fueron moneda corriente antes y después del 10 de diciembre de 1983.
La negación del derecho al cupo laboral trans de este sector de derecha tiene como trasfondo la negación de la violencia sistemática de Estado ejercida durante la dictadura y con algunas continuidades en democracia. No sorprende, y nadie esperaría, que desde Fuerza Republicana levanten la bandera de los derechos de la comunidad trans.
Ahora bien, el uso demagógico de las redes sociales para generar polémica es un modo conocido por todos en nuestra actual democracia. Un legislador hablando como cualquier twittero, sin recurrir a los términos legales y desconociendo la legislación vigente, sin hablar de políticas públicas y usando términos incorrectos para referirse a la comunidad trans, marca una situación grave de la democracia tucumana.
En la acordada número 00000074/20, los altos de la CSJP magistrados consideran argumentos a favor de implementar un sistema de cupo laboral destinado a personas trans. La discriminación y la falta de acceso a derechos humanos básicos por parte del colectivos trans es una realidad comprobada, denunciada y cuya prueba irrefutable son las múltiples situaciones de violencia física, y los transfemicidios en la provincia.
Es interesante pensar cuál es el lugar de los posicionamientos de extrema derecha en la provincia, y cómo sus intervenciones operan como un ancla de acero sobre los debates. Siempre nos pueden llevar a los terrenos más básicos y torpes de los asuntos.
¿Hay que explicarle a Bussi y al resto de los legisladores de su partido que no hablamos de “cuño homosexual” sino de identidad de género, y que ésta es una categoría defendida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya Abuelas, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S dejaron en claro que la identidad es un derecho humano inalienable y que el Estado debe garantizar el acceso de todos a ellos. Y todavía continúan buscan a los bebes robados por los militares.
Discutir contra los twits de Bussi parece ser un modo más de alimentar su imagen de personaje polémico, de hombre promedio con sentido común promedio y eso a fin de cuentas parece ayudar a su posicionamiento político. También discutir con Bussi nos evita preguntar: ¿Qué piensan el resto de las/los legisladores de nuestra provincia sobre el cupo laboral trans? ¿Cómo argumentan quienes están en contra pero dicen defender la democracia y las instituciones? ¿Qué opinan de los argumentos que esgrimió la corte suprema de la provincia?
Incrementar el debate serio y letrado sobre los derechos de las personas es tarea fundamental de los representantes del poder legislativo. Necesitamos subir el nivel del debate para salir de twitter y entrar en las sesiones legislativas, en las comisiones de trabajo y en el mundo que nuestra democracia propone y mantiene para dirimir los asuntos del pueblo.
Si partimos de un piso de reconocimiento de los derechos humanos y cada legislador/a se encarga de conocer la realidad de las personas trans, seguramente daremos un paso importante para la democracia en la provincia. El pedido es urgente porque la violencia es urgente. Las familias de Ayelén Goméz, Cyntia Moreira, Gala Perea y Lourdes Reinosos, víctimas de transfemicidios, dan cuenta de la urgencia de que el Estado contenga a la comunidad trans. La violencia que viven las mujeres trans en el parque 9 de julio y las rutas del interior de la provincia también da cuenta de la urgencia.
