El día de ayer, 30 legisladores y legisladoras firmaron un proyecto de ley que busca prohibir e imponer barreras al acceso al aborto, aún en los casos de violación. El repudio no tardó en llegar.
Tucumán sigue marcando tendencia en la vulneración de derechos hacia mujeres y personas gestantes. Una iniciativa, impulsada por el peronista Marcelo Caponio, firmada por 29 de los 49 legisladores y legisladoras provinciales, busca restringir y prohibir el aborto, incluso en casos de violación.
Bajo la excusa de querer “proteger a la mujer embarazada y al niño por nacer”, los representantes del pueblo tucumano desconocen la normativa vigente en el Código Penal desde el año 1921, y ratificada en el año 2012 por el fallo F.A.L, que reconoce el aborto no punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, o si el embarazo es producto de una violación.
El repudio a nivel nacional no demoró en llegar. Desde la Fundación Mujeres x Mujeres publicaron un comunicado en el cual afirman que “esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo”.
En el texto firmado por Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, CEDES y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT, expresan que “la interrupción de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincialmente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias, en tanto la Corte Suprema de Justicia en fallo “F.A.L” ya ha condenado este tipo de exigencias calificándolas en el año 2012 como violencia institucional.”
Tucumán, además de haber sido declarada como “pro vida” mientras en las calles una marea verde se levantaba para expresar la adhesión al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se debatió en el Congreso de la Nación, es una de las pocas provincias que no adhirió a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma las trabas que ejercen los grupos religiosos a la implementación de la ESI en la Escuela Pública.
Desde las organizaciones que firmaron el comunicado, afirman que “difícilmente la decisión de la Honorable Legislatura de la provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres”.
Cabe destacar que el proyecto fue presentado un día después que una niña wichi de 13 años, quien se encontraba cursando un embarazo de 30 semanas, padecía anemia, desnutrición crónica y neumonía, muriera sin haber tenido la posibilidad de acceder a un aborto no punible por haber desconocido sus derechos. La 26.061 marca que, cuando una adolescente es menor a 14, años cualquier episodio vinculado a embarazo se supone que proviene de un caso de abuso, ya que se considera que una niña de 11, 12 o 13 años no tiene desarrolladas las habilidades psicosociales y emocionales para prestar consentimiento.
La diputada Teresita Villavicencio (bloque Evolución Radical), también manifestó su oposición, y mencionó el caso de la niña chaqueña: “Ver la realidad o no verla, esa es la cuestión. Ayer (el miércoles, en Chaco), perdimos las dos vidas, pero tal vez importaban poco porque la persona gestante era una niña qom de 13 años, desnutrida, pobre y enferma”, señaló en su cuenta de Twitter la radical.
El intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, también se manifestó en contra a través de su cuenta de twitter: “No compartimos la iniciativa de la Legislatura provincial que busca avanzar sobre el Código Penal (legislación nacional), modicándolo para que la mujer violada no pueda abortar. La medida es ilegal, injusta y retrógrada”, afirmó.
En el comunicado que publicaron las organizaciones feministas y de derechos humanos, aclaran que “este tipo de Proyectos de Ley carecen de valor jurídico”, pero denuncian que “forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas”.
“Quienes verdaderamente defendemos la vida de las mujeres estamos convencidas de que la hipocresía institucional que cristaliza este tipo de proyectos devenidos de alianzas clericales-seculares celebradas por fuera de cualquier orden constitucional, configuran un de atentado contra orden democrático y constitucional”, concluye el comunicado.
