María Cristina Ávila tenía 23 años cuando, el 9 de abril de 2018, fue arrojada por el balcón de un cuarto piso de un edificio del Barrio Sur de San Miguel de Tucumán, por su novio.
Ayer, el tribunal conformado por Eduardo Romero Lascano, Stella Maris Arce y Fernanda Bahler, condenaron a Gabriel Hernán Pérez Soto, quien era su pareja y padre de su hijo, a prisión perpetua por el femicidio.
María ya había presentado dos denuncias por las agresiones que sufría es manos de Pérez Soto, en el año 2017. Había recurrido tanto a la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, como al Observatorio de la Mujer de Tucumán. En ambas ocasiones, no sólo hizo la denuncia formal, sino que además hizo constar las lesiones que tenía en su cuerpo.
De acuerdo a la querella, una de las causas por la violencia de género fue archivada por el entonces fiscal Washington Navarro Dávila, quien actualmente es ministro Pupilar y de la Defensa.
Como a Paola Tacacho, las respuestas estatales para su protección no estuvieron. Cabe no olvidar, que Navarro Dávila fue el fiscal que acusó injustamente a Belén de homicidio cuando había sufrido un aborto en el hospital Avellaneda y por lo que estuvo presa 29 meses.
María fue asesinada sólo seis días después de que se conociera el caso de Ana Ríos, una joven jujeña, estudiante de veterinaria, que también habría sido arrojada por el balcón del departamento por su pareja, Facundo Guerrero. Todavía se espera justicia por Ana y el imputado de esa causa se encuentra en libertad.
El Tribunal además ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán que arbitre los medios para que se le otorgue un subsidio y asistencia médica, psicológica y social a favor del hijo de María.
Tucumán es una escuela de violencia machista y de desidia del Estado. No sólo es la tercera provincia con más casos de femicidios y travesticidios en lo que va del año, sino que también deja demostrado en cada caso de violencia machista la ineficacia y la falta de perspectiva de género de funcionarios judiciales y la falta de recursos para abordar las necesidades de las mujeres que denuncian.
No es una provincia pro-vida, es una provincia que naturaliza y sostiene la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes, niñas y de LGBTIQ+.
Durante este año de pandemia y aislamiento social, se vieron recrudecidas las violencias de género. Marcela Lagarde, teórica feminista, explica que “lo que caracteriza al feminicidio es la impunidad social y del Estado. Si no hubiera tolerancia social a la violencia hacia las mujeres no habría tolerancia del Estado a esos crímenes”.
