Desde Naciones Unidos consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en Tucumán.
A partir de información brindada por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente. La medida surgió a partir del caso Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en Tucumán y a la que el gobierno de la provincia le obstruyó el acceso al aborto no punible. Aunque tanto la madre como la menor habían expresado su voluntad de acceder a una ILE, el procedimiento se dilató hasta las 23 semanas de gestación y finalmente Lucía fue sometida a una microcesárea.
Cladem es una organización especializada en litigio internacional y junto a la ONG Andhes acompañaron a Lucía y su familia para garantizar su acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Aunque tanto la madre como la menor habían expresado su voluntad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el procedimiento se dilató hasta las 24 semanas de gestación.
— MESECVI CIM-OEA (@MESECVI) 7 de marzo de 2019
Lee el comunicado completo del Comité de Expertas del #MESECVI aquí: https://t.co/6eAUPOzEVE pic.twitter.com/iCXryd1NDi
“Que haya solicitado información refleja la preocupación internacional por la situación de violación de derechos que se está viviendo en un país como Argentina que tiene estándares altísimos en cuanto a legislación en relación a los derechos humanos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes” expresó Adriana Guerrero de CLADEM Tucumán.
A partir de la información brindada por CLADEM, el ACNUDH instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente.
“La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos”, dijo Birgit Gerstenberg la representante del Alto Comisionado para América del Sur
Asimismo, la Oficina instó al Estado en forma urgente a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica y a que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad. Igualmente, el ACNUDH solicitó garantizar a la niña su derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, así como servicios psicológicos y sociales, para evitar su revictimización.
“El Estado no podrá hacer lo que quiera con los Derechos de las Mujeres, las organizaciones estamos en alerta y la comunidad internacional está observándolos. No queremos más niñas madres en Argentina”, manifestó Celia Debono coordinadora de CLADEM Argentina.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Vela porque la protección y el disfrute de los derechos humanos sean una realidad en la vida de todas las personas. El ACNUDH desempeña una función fundamental en la salvaguarda de los tres pilares interrelacionados de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo y denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) condenó la violencia institucional a la que fue sometida Lucía.
A partir de que CLADEM Argentina tomó conocimiento del caso, inició acciones a nivel internacional para lograr garantizar los derechos humanos de la niña. Entre esas instancias informó al Comité de Expertas del MESECVI sobre la grave situación de violencia institucional y violación a los derechos de Lucía por parte de la provincia de Tucumán.
En la víspera del día Internacional de la Mujer, el Comité de Expertas envió al Estado Argentino una comunicación condenando la violencia institucional ejercida sobre Lucía y recalcó que “el personal de salud es responsable de garantizar el derecho a interrumpir un embarazo en los casos señalados (art. 86 del Código Penal), además de indicar que el riesgo de salud para la mujer debe entenderse dentro del concepto de Salud Integral, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social”.
El comunicado concluye instando “al Estado argentino a intensificar los esfuerzos para proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica de todas las mujeres y las niñas, así como adoptar medidas de protección para que la niña y su madre se encuentren en un lugar seguro, sean atendidas por personal médico confiable y se establezcan medidas inmediatas de reparación”.
Que el Comité de Expertas se haya hecho eco de este caso y que condene al Estado Argentino pone en evidencia la gravedad de los hechos y las violaciones a los derechos humanos de Lucía.
Así ya son dos los organismos internacionales que le llaman la atención al País por este caso. Pero este es el órgano específico que monitorea que los Estados cumplan con los derechos de las mujeres y las niñas.
“Desde CLADEM reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por el efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas. Y decimos una vez más al Estado que el embarazo infantil forzado es tortura”, cerró Debono.
