Representantes de organizaciones de derechos humanos de la provincia aportaron información sobre el caso y visibilizaron otros hechos de violencia institucional que suceden en Tucumán.
El titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ignacio Rocangliolo, mantuvo una reunión con representantes de organizaciones de Derechos Humanos de Tucumán con el fin de obtener datos del crimen del trabajador rural Luis Espinoza, ocurrido el 15 de mayo pasado, y por el que están detenidos nueve policías y un civil.
“El encuentro fue convocado por el organismo supranacional con el propósito de recabar información sobre el caso de la desaparición forzada y el posterior asesinato de Luis Espinoza (31)”, en manos de la policía de Tucumán, indicó un comunicado difundido por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
De la reunión, además de Rocangliolo, participaron la asesora en Derechos Humanos de la Oficina Coordinadora Residente de la ONU en Argentina, Valentina Guerra; los copresidentes nacionales de APDH, Guillermo Torremare y Soledad Austidillo; y los de directivos de la Regional Tucumán de esa organización, Pablo Jeger y Alejandra García Aráoz.
El organismo internacional también mantuvo un encuentro virtual con HIJOS, en la que participó Carolina Frangulis. Además de dialogar sobre dicho caso particular, los referentes de la ONU fueron puestos en conocimiento de los múltiples hechos de violencia institucional que vive la provincia con el objetivo de visibilizar las diferetes causas.
Sobre el caso
Espinoza fue atacado el 15 de mayo último por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.
Por el crimen se encuentran detenidos con prisión preventiva el subcomisario Rubén Montenegro, al oficial José Morales y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya.
La justicia también ordenó preventiva para el vigía ciudadano Fabio Villavicencio, que es personal civil.
Los acusados quedaron imputados por “privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona” en perjuicio del trabajador.
