La fiscala Adriana Giannoni solicitó en agosto a la Corte que revise la decisión del vocal de la Cámara de Apelaciones Enrique Pedicone que la había dejado afuera de la investigación de los ginecólogos que interrumpieron el embarazo de la niña “por temor fundado de falta de objetividad”. La decisión se podría conocer en los próximos días. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró como ‘dramático’ el Caso Lucía en su última audiencia pública, mientras que el Estado Nacional reconoció las vulneraciones a los derechos de la niña.
José Gijena y Cecilia Ousset fueron los profesionales de la salud que le garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a “Lucía“, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela que quedó embarazada. Lo hicieron luego de un mes de obstáculos por parte del Estado para garantizar un derecho amparado por leyes nacionales y tratados internacionales. Fueron convocados por el propio Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante la negación de médicos y médicas del Hospital del Este, donde la niña padeció las torturas de sectores antiderecho que intentaron impedir el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Para esos obstáculos, tuvieron el apoyo de la fiscala Adriana Giannoni. El 11 de febrero, el mismo día que Lucía queda internada, Giannoni envió al Hospital del Este un oficio advirtiendo a los médicos de la posible comisión de un delito si accedían a interrumpir el embarazo de la niña. No tuvo en cuenta que el Código Penal establece que en los casos de violación el aborto no es punible. Tampoco el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
Sin embargo, Giannoni decidió avanzar con la investigación por homicidio contra Gijena y Ousset a partir de una denuncia efectuada por sectores antiderechos. Las organizaciones de derechos humanos “Andhes” y “Cladem” recusaron al juez Facundo Maggio en abril por su “vinculación explícita y reconocida con el Arzobispado de Tucumán”. Y también cuestionaron la parcialidad de la fiscal Giannoni porque su “posicionamiento político/ideológico no le permitiría actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. En agosto el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Carlos Pedicone, emitió un fallo separando del caso al juez Maggio y a la fiscala Adriana Giannoni por “temor fundado de falta de objetividad”. El fallo fue recurrido por la fiscala que pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revise la decisión de Pedicone.
La Corte deberá definir si acepta el fallo del vocal de la Cámara de Apelaciones o lo revierte. En la primera opción, el caso continuaría a cargo de una nueva fiscalía que deberá decidir si continúa la investigación o la cierra, tal cual vienen exigiendo los abogados de Gijena y Ousset. En la segunda opción, Giannoni recuperaría el control de la causa y podría imputar a los profesionales por homicidio agravado.
Hasta el momento, se conoció una fuerte paridad interna y solo faltaría un voto para definir si se respetan los derechos de Lucía y en su nombre el de las niñas y mujeres de la provincia o si la Justicia continúa vulnerándolos.
La disyuntiva parece clara: si se continuará con la persecución de los médicos y el intento de amedrentamiento a quienes garantizan los derechos de las mujeres y niñas, o se comenzará a cerrar un grave capítulo en la historia de vulneración de derechos hacia las mujeres y las niñas en Tucumán.
¿Podrá la justicia tucumana escuchar a los organismos internacionales y empezar a revertir el papelón mundial de una provincia que quedó en el centro del escenario de la violencias sexual contra las niñas?
CIDH
El 27 de septiembre, Andhes, Cladem y organizaciones de derechos de la niñez y la infancia denunciaron en la Audiencia Temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina. Plantearon como caso testigo el de Lucía, que tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación y fue sometida al disciplinamiento estatal que quiso obligarla a continuar con un embarazo que ella misma pidió que se interrumpa.
En esa audiencia, el Estado argentino reconoció que “se pudieron evidenciar vulnerabilidades a los derechos de Lucía” y desde el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) ofrecieron presentar un Amicus Curiae para apoyar a Gijena y Ousset. La persecución contra ambos es preocupación nacional pero también internacional.
En esa misma audiencia, el comisionado Luis Vargas Silva consideró como ‘dramático’ el caso y la comisionada Margarette May Macaulay planteó que “las niñas son niñas y se les debería permitir ser niñas durante su infancia y no forzarlas a asumir cargas y responsabilidades de adultos. Cuando se las abusa y quedan embarazadas, es muy sencillo: deben regresar a la niñez como consagra la ley”.
