El organismos fijó posición a partir del pedido del diputado Daniel Lipovetzky. La comisión aseguró que “no es admisible otorgar la condición de persona al embrión”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la compatibilidad de la Convención Americana con los proyectos de despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) que se debaten en el Congreso. “La Corte Interamericana de Derechos humanos, órgano encargado de interpretar la letra de la Convención, ha establecido que no es admisible otorgar la condición de persona al embrión”, sentenció el organismo internacional.
La CIDH, encargada de interpretar la letra de la Convención, expresó que la protección del derecho a la vida que ese artículo disponía no es “absoluta, sino gradual e incremental”. Para la Corte, no constituye “un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. Si el embrión no es persona, el derecho a la vida no recae sobre él.
De esta forma, la Corte observa que “las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida”. Del mismo modo, deja en claro que la planificación de la vida familiar tiene que ser un derecho: “El derecho a la vida privada está relacionado con: (I) la autonomía reproductiva y (II) el acceso a los servicios de salud reproductiva, que incluye el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer este derecho”, y no permitir a las mujeres “decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y por consiguiente el tamaño de su familia” es una intromisión a la vida privada.
El diputado Daniel Lipovetzky se expresó al respecto: “Se decía que la despenalización del aborto violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por eso era inconstitucional. Ha quedado claro que no lo es. La propia Comisión lo ha ratificado con el informe que nos ha brindado en base a mi pedido”.
El organismo también hizo foco en varios tópicos tratados en los dos meses de audiencias públicas en Diputados, para concluir en que la criminalización absoluta del aborto “impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna”.
Y advierte a los Estados de América Latina que “la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Este martes se firmará el dictamen de mayoría que llevará el proyecto de ley al recinto de la Cámara Baja el miércoles en una maratónica e histórica sesión, luego de 20 sesiones de más de 130 horas en total, en las que expusieron 738 ponencias de referentes políticos y sociales argentinos, a favor y en contra. Los votos, por el momento, están parejos. De conseguirse la media sanción, el debate continuará en la Cámara de Senadores.
