Las protestas y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy se agudizan día a día. Esta mañana, la provincia amaneció con órdenes de allanamiento, registro, secuestro y detención de más de 20 personas que fueron identificadas en las inmediaciones de la legislatura en las manifestaciones del 20 de junio, luego de que se jurara la Reforma express de la Constitución de la Provincia.
“Todas estas personas que están siendo perseguidas son referentes de organizaciones sociales, territoriales, de derechos humanos, solo por haber participado de una manifestación”, expresó Florencia Vallino, abogada y directora ejecutiva de Andhes, organización que acompaña y denuncia las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo jujeño. “En la descripción de los hechos señalan a todas estas personas como coautores de distintos daños que les atribuyen. Desde daños a los autos que estaban en las inmediaciones, hasta los daños en la Legislatura provincial, además de lesiones a una cantidad de al menos 46 agentes de la fuerza policial”, informó.
La orden fue firmada por el juez de primera instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, Fernández Rodolfo Miguel. “El pedido fue solicitado por el Ministerio Público de la Acusación que está decidido a perseguir activamente y habla de una serie de delitos que se le estarían atribuyendo a estas personas“. Los allanamientos incluyeron el registro de los domicilios, el secuestro de los teléfonos personales y de todo teléfono que se encuentre en el domicilio, a su vez que se detiene en el acto a las personas, ya sea que las encuentren en su domicilio o en la vía pública. “Es una cacería gigante“, denunció Vallino.
La abogada explicó que en la orden se realiza una descripción generalizada de las responsabilidades que se les endilgan. Los hechos se remiten al 20 de junio, cuando la Convención Constituyente se reunió de manera express y en la noche para votar y aprobar la controversial reforma impulsada por el gobierno de Gerardo Morales.
“Desde Andhes nos comunicamos con Naciones Unidas y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se han pronunciado mirando la situación con mucha preocupación. Vienen prestando atención tanto a las detenciones del 17 de junio como a las del 20 y en ese sentido estamos acercando esta nueva información para dar cuenta de la gravedad de la situación y de cómo se profundiza la criminalización de la protesta social”, explicó Vallino sobre las acciones que están realizando desde los organismos de Derechos Humanos.
“Acá hay un reclamo legítimo de personas que se estaban manifestando en contra de una reforma express, antipopular, antidemocrática que se realizó sin participación, sin difusión, sin conocimiento de qué se trataba. Las personas estaban legítimamente protestando y hoy están siendo criminalizadas y perseguidas por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy”, manifestó.
Actualmente, se sostienen doce cortes en diversas rutas. Gremios estatales y organizaciones sociales movilizaron esta mañana en la capital jujeña en el marco de un paro provincial en el que también exigieron la libertad de las personas detenidas en las últimas horas.
En San Salvador, la Policía ingresó al rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, algo que está prohibido por la ley de autonomía universitaria, que indica que las fuerzas policiales no pueden entrar al edificio de una universidad pública nacional sin la orden de un juez. Si bien no se produjeron detenciones, el propósito de la policía fue amedrentar a las autoridades universitarias que en ese momento estaban convocándose para rechazar la reforma.
