El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, viajará hoy a Formosa para constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de “los métodos” que usa la provincia parafrenar el avance del coronavirus.
“A raíz de un pedido realizado por la Secretaría la pasada semana, que solicita se informe sobre las medidas necesarias por el Gobierno de la Provincia de Formosa para hacer frente a la pandemia preservando la vigencia de los derechos humanos, la provincia respondió invitando a las autoridades a evaluar la estrategia sanitaria”, indicó un comunicado del organismo nacional.
El viaje tiene como fin “recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”, añadió.
La delegación estará conformada por Pietragalla Corti, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.
Denuncia ante la ONU
El senador y diputado de la UCR, Luis Naidenoff y Mario Negri, elevaron un pedido de intervención urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por la situación en los centros de aislamiento en Formosa
La misma “tiene por objetivo revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales de las personas que permanecen aisladas y terminar con las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de integridad de los formoseños para que puedan realizar la cuarentena en sus domicilios”, señaló Naidenoff en su twitter
Según el informe, los centros de aislamiento no cumplen con las “condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort”. Además, el estudio asegura que no realizan un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados. Incluso aseguran que muchas personas son obligadas a “permanecer en los CAS sin brindar su consentimiento” y “son trasladados allí compulsivamente por las fuerzas de seguridad”.
