El verano del 2018 en Argentina reavivo a la marea feminista. El debate sobre la interrupción legal del embarazo llegó a los medios masivos, inundo las redes sociales y los espacios políticos, llevando a una masiva movilización llamada “pañuelazo” frente al Congreso de la Nación para pedir que se debata el tema.
No es la primera vez que se discute sobre aborto en nuestro país ni en el mundo. El pedido de aborto legal forma parte de la historia del movimiento de mujeres y feminismos. En la actualidad en 58 países del mundo el aborto es legal sin restricciones, y en 134 países se avala el aborto en los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo. Solo 5 países del mundo prohíben de modo absoluto la interrupción del embarazo: Malta, El vaticano, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.
Desde Naciones Unidas, expertos en Derechos Humanos pidieron acabar con todas las legislaciones que criminalizan y limitan el aborto. La muerte de mujeres por abortos clandestinos se considera un problema grave para todos los países que penalizan la práctica. A niveles macros podemos ver que las mujeres abortan, y es según la legislación que cada Estado tenga con respecto a esa práctica, los índices de mortalidad que arrojen.
Los números y las realidades que pasan las mujeres en cuanto al ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos son desconocidos para la mayoría de las personas. El debate sobre estos temas suele obturarse rápidamente con, por lo menos, dos lugares comunes de argumentación:
Por un lado, nos encontramos con personas que imaginan a las mujeres en una situación ideal particular. Ésta es, una mujer correctamente informada sobre todo lo concerniente al cuidado de su salud sexual, con acceso pleno a métodos anticonceptivos 100% seguros, libre de violencia sobre cualquier tipo, y, por supuesto, promiscua. Esta situación ideal hace de la mujer que aborta una mujer malvada. Malvada por promiscua y por embarazarse conscientemente sabiendo y pudiendo evitarlo.
Puede resultar increíble, pero esta idea forma parte del sentido común de miles de personas, prueba de que aquello que decía René Descartes de que “el sentido común es la cosa mejor repartida en el mundo” es una mentira absoluta. Las mujeres viven realidades muy distintas que la de esa “mala mujer” en la que se piensa cuando se nombra la palabra aborto.
La falta de acceso a métodos anticonceptivos es una realidad, incluso hay resistencias de profesionales de la salud y fundamentalistas religiosos a garantizar ese derecho a las mujeres que buscan atención en el sistema de salud pública. Está científicamente comprado que ningún método puede ser 100% seguros, y la realidad nos muestra día a día que las mujeres son sometidas a múltiples formas de violencia. ¿Cuántos de los hombres que se niegan a legalizar el aborto se negaron a colocarse un preservativo durante una relación sexual? ¿Cuántos hombres han optado por realizarse una vasectomía para no tener ningún riesgo de embarazo en una relación sexual? ¿Cuántos profesionales que se niegan a practicar el aborto se negaron a brindar métodos anticonceptivos de mediana o larga duración? ¿Cuántas personas se niegan en la actualidad a que se hable de educación sexual integral en las escuelas? Cada vez que suena este argumento, es el patriarcado el que habla, en la voz de hombres y mujeres que niegan incluso su propia realidad, y, sobre todo, la realidad de las mujeres pobres, aquellas para las que la garantía de sus derechos depende de los prejuicios de aquellos que operan en el Estado.
Otro lugar común de argumentación tiene que ver con un desliz filosófico en el debate. Dejar de hablar sobre la realidad concreta en torno al aborto y dejarnos llevar por el sentido común y la fuerte impronta cristiana que tiene nuestra cultura. Esto nos pone a debatir sobre el origen de la vida, sobre en qué momento podemos considerar como persona al resultado de la unión entre un óvulo y un espermatozoide, sobre las almas, la gracia y la concepción. Entonces, aquellos que se oponen al aborto despliegan algunas premisas dogmáticas, es decir, exhiben argumentos en los que creen de modo absoluto y que no están dispuestos a reconsiderar.
Hace pocos años la Asociación de Filosofía de la República Argentina ensayó un debate sobre el aborto en términos filosóficos. Las profundas concepciones metafísicas, éticas y políticas salen a la luz incluso en el debate llevado a cabo en complejas estructuras argumentativas. La lectura de ese debate puede ser enriquecedora para aquellos interesados en filosofar, pero no brinda ninguna respuesta susceptible de convertirse en política pública para las mujeres.
Solo por nombrar algún debate, podríamos argumentar sobre el alma, diríamos entonces que las personas tenemos alma desde el momento de nuestra concepción si tenemos una postura esencialista, o, por otro lado, podríamos decir que somos seres que nos construimos en el desenvolvimiento de nuestra existencia en el mundo, si albergamos una postura existencialista. Ninguna de estas concepciones es más valida que la otra, y no está mal que así sea. La filosofía es el ejercicio del pensamiento en el que prevalecen las preguntas por sobre las respuestas. Ésta disciplina nunca prometió darnos una receta para vivir, todo lo contrario.
Más aún, los argumentos absolutistas en contra de la interrupción legal del embarazo serían pertinentes en aquellos 5 países donde todavía está penalizado. En Argentina el aborto es legar por dos causales según el artículo 86 del código penal. Por algún problema de salud que pueda tener la persona gestante, o si el embarazo es producto de una violación. No podemos usar argumentos de valor absolutos cuando ya la interrupción legal del embarazo es una realidad en estos dos casos.
Abandonar los argumentos machistas y la especulación filosófica, y pensar como ciudadanos y ciudadanas la realidad en torno al aborto podría ser el mejor modo de evitar las muertes por abortos inseguros. Los fundamentalismos dogmáticos en la actualidad han llegado a poner en prisión a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, y a obligar a niñas de 11 años a llevar a término embarazos productos de violaciones.
El Estado Argentino tiene la responsabilidad de dar respuesta y solución a este tema. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante el debate del mejor modo posible.
