La ley de emergencia alimentaria contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social en un contexto de crisis, pobreza y hambre. Un proyecto por el que vienen peleando las organizaciones sociales y que logró un amplio consenso en el Congreso.
En la jornada de ayer, con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria. Si el Senado aprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Estado destinará unos $10.489 millones.
La ley contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social en el contexto de la emergencia alimentaria y que en la práctica implicaría la inyección de fondos de entre $8.000 y $10.000 millones.
Organizaciones sociales y sindicales vienen exigiendo la Emergencia Alimentaria desde hace más de dos años. El hambre es uno de los resultados de la aplicación de las políticas económicas de la Alianza Cambiemos. El mayor desempleo, la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial, los mayores índices de pobreza, la mayor inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las asignaciones asistenciales son parte de la realidad que golpea con más fuerza a las clases populares.
“Frente a un realidad de hambre que fue incrementando, aparejada a la pobreza estructural, y sobre todo a la falta de trabajo y de la caída de los ingresos, donde los que más perdieron son los trabajadores, y particularmente los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, las organizaciones veíamos que era muy necesario de que la alimentación llegue a millones de hogares en Argentina, así que luchamos en la adversidad durante todos estos años para lograr eso”, sostuvo Hugo Heredia, referente del Frente Popular Darío Santillán.
“Las organizaciones sociales supimos, con la acción política y el protagonismo popular, plantear una ley que terminó rompiendo el techo del momento político y se logró la media sanción. Creemos que no va a haber ninguna dificultad para que pase por el Senado y se haga realidad el aumento en las partidas alimentarias para que haya menos niños y niñas pobres en la Argentina que no tengan un plato de comida en la mesa”, manifestó.
La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
“Había un contexto político más inmediato, post paso y pre elecciones generales, donde parecía que las posibilidades de acción política, y particularmente de acción política institucional estaban cerradas”. En ese sentido, las organizaciones populares en su conjunto supieron cómo moverse y cómo plantear las cosas. “Sumamos muchos más actores de carácter político institucional, y se logró un gran consenso. Pero ese consenso se trabajó durante muchísimo tiempo, y con muchas acciones de luchas, desde ollas populares en localidades y un trabajo a pulmón y a brazo partido de las organizaciones en la total periferia de cada una de las ciudades, en los pueblos del interior, y terminó dando un resultado, que si bien es un paliativo porque hay que decirlo así, el 50% del aumento de las partidas alimentarias no alcanza, la revisión como elemento está bien dentro de la ley, esperemos que eso se mantenga”, expresó Heredia.
Por otro lado, también hizo referencia a la necesidad de variar en los alimentos y que en su conjunto alcancen un nivel nutricional saludable. “Que sean de calidad, diversos, porque lo que llegó durante todo este tiempo, inclusive durante muchos años atrás, no alcanza a alimentar, solo a llenar la panza”.
Sobre Tucumán
El FPDS, junto a Carballito y el Frente de Organizaciones en Lucha, tuvieron una reunión con el Gobierno Provincial. “La Secretaria de Gobierno se comprometió a ponerse al día con las ayudas sociales que en el caso del FOL llevan 4 meses de demora y colaborar en la interlocución con el Ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin por la cuestión de asistencia alimentaria a merenderos y comedores”, sostuvo Santiago Camuña referente del FOL.
“Se logró que se recompusiera la interlocución política entre el Gobierno de la provincia y nuestras organizaciones, cosa que no venía sucediendo”, expuso Heredia.
“Tenemos un problema sobre la situación alimentaria y cómo se hace cargo la provincia de eso todavía sin resolver. No hay leche en nuestros merenderos, no hay leche en los módulos alimentarios, y de eso no hay respuestas”, sostuvo el referente.
Por otro lado, destacó el diálogo que se abrió con el gobierno. “La provincia se comprometió en cumplir con atrasos de cuatro meses de ayudas sociales a personas que están en situación de indigencia. Nosotros esperamos que esas promesas se cumplan. El reconocimiento del Gobierno a las organizaciones sociales como no se venía dando nos parece importante”.
“No se sabe que va a pasar de acá a diciembre en cuanto a la situación social y económica. Nosotros lo que queremos es que los actores políticos que gobiernan el Estado tengan apertura al diálogo porque ahí está la solución y, sobre todo, respuestas concretas”, cerró el referente del Frente Popular Darío Santillán.
El reclamo aún vigente de los movimiento sociales es por el aumento salarial y puestos de trabajo.
