El proyecto de ley de alquileres perderá estado parlamentario al terminar este año. Pese al pedido de inquilinos y diputados para tratarlo, tampoco se incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias. Para Lucila De Ponti, “los derechos de los inquilinos no son prioridad para el Gobierno”. Desde La Nota te acercamos una producción de Redacción Canal Abierto.
Tal como lo advertían meses atrás los miembros de la Federación Nacional de Inquilinos, la Ley de Alquileres está a punto de perder estado parlamentario. Con media sanción por parte del Senado, perdió la oportunidad de ser tratada en la última sesión prevista el 27 de noviembre en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, en la madrugada del domingo, se publicó el Boletín Oficial que incluye cuarenta temas a tratar en sesiones extraordinarias hasta el 21 de diciembre. En este listado tampoco aparece la Ley de Alquileres, pero si, por ejemplo, el que modifica la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos o el que se propone atacar a los barrabravas de fútbol estableciendo un “Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos”.
Si se retrocede al 12 octubre, Mauricio Macri expresaba en conferencia de prensa la necesidad de una ley de alquileres. “Le pedí personalmente a mi equipo que impulse un proyecto para darle a los inquilinos soluciones concretas”, decía. Y finalizaba el discurso instando a los diputados a avanzar en el tratamiento de esta ley en el Congreso.
En octubre, @mauriciomacri anunciaba un proyecto para dar “soluciones concretas a los inquilinos”, e instaba a los legisladores a avanzar en su tratamiento. Este mes la #LeyDeAlquileres perderá estado parlamentario porque no se incluyó en las sesiones extraordinarias. pic.twitter.com/RIo3cyfgJW
— Canal Abierto (@canalabiertoar) December 3, 2018
Muy lejos quedó la preocupación al momento de emitir el decreto. Sobre esto, la diputada Lucila De Ponti expresó: “evidentemente, entre las prioridades del Gobierno nacional, no se encuentra la de proteger los derechos de los inquilinos, que es básicamente el objetivo fundamental de la Ley de Alquileres”.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilino, advertía en agosto que había presiones para no tratar la ley “porque un sector de la clase política pertenece al mercado inmobiliario. Ya no es un sector de afuera operando adentro del Congreso. La situación ha cambiado. Gobierna el mercado inmobiliario”.
Sobre esto, la legisladora también manifestó que “el Gobierno prefiere no enfrentarse con algunos sectores de los poderosos del mercado inmobiliario, que se resistían a que se apruebe esta normativa”.
“Esto significa seguir dejando desprotegidos a las millones de familias argentinas que dependen del alquiler para tener un hogar y que realmente se encuentran en una posición de mucha desventaja para establecer contratos y negociaciones con las inmobiliarias”, agregó De Ponti.
Son 8 millones de personas las que se encuentran en posición de inquilino, que además, la mayoría destina el 45% de sus ingresos al pago del alquiler, sin contar expensas, impuestos y servicios.
Si bien ya se logró que el pago de comisiones corra por cuenta de las inmobiliarias, el principal cambio que se intenta lograr es que los aumentos semestrales en el precio de los arriendos –que hoy se rigen por especulación inmobiliaria- sean de manera anual y dentro de un marco objetivo, utilizando como variantes de ajuste el promedio entre los índices de inflación y salarios.
Al finalizar el año, la media sanción del Senado pierde estado parlamentario y el proyecto deberá ser presentado nuevamente en 2019. “Salvo que el Presidente vuelva a publicar un decreto ampliando el temario de las extraordinarias, el tratamiento es imposible. Y esa opción parece difícil, teniendo en cuenta que la sesión va a ser esta semana”, finalizó la diputada.
