El Poder Judicial quedó en el centro de las críticas luego del femicidio de Paola Tacacho. Desde La Nota, conversamos con Natalia Gherardi, abogada feminista y directora del Equipo latinoamericano de Justicia y Género sobre los puntos centrales a analizar, los desafíos y posibles horizontes.
Los femicidios que golpearon brutalmente en las últimas semanas a la sociedad tucumana, debilitaron la confianza en una de las tres instituciones fundamentales de la democracia: el Poder Judicial.
El último caso que movilizó a miles en Plaza Independencia, pidió a los gritos juicio político al Juez Francisco Pisa, uno de los responsable de no haber brindado respuestas a la joven Paola Tacacho quien había realizado más de 15 denuncias contra su acosador Mauricio Para Parejas.
Las negligencias y la ineficacia de la justicia, se traduce en muertes evitables, en vidas truncadas, y en heridas en el entramado de la sociedad.
Desde La Nota, conversamos con Natalia Gherardi, abogada feminista y docente argentina, Directora Ejecutiva del Equipo latinoamericano de Justicia y Género, y consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
“Estos casos desnudan las fallas estructurales que tiene el sistema. Por que no se trata de este caso y el abandono a Paola Tacacho, sino que te muestra una falla estructural más amplia que salta de distintas maneras, a veces con consecuencias trágicas e irreparables, pero siempre con consecuencias muy concretas en el bienestar y el ejercicio de los derechos de las mujeres“, afirma la especialista.
La desatención de las autoridades policiales, de la fiscalías y judiciales, donde no se le da entidad a los pedidos de ayuda frente a situaciones de violencia, exponen a las mujeres a desenlaces trágicos. “Frente a la reiteración, pareciera que no se despertara una alarma específica, porque no es lo mismo alguien que denuncia una vez o que va a pedirle ayuda una vez, dos veces, que más de diez veces en tan poco tiempo“, agrega.
Tacacho realizó la primera denuncia en mayo de 2016, cuando consiguió una medida de restricción de acercamiento. Luego, en junio de ese año presentó dos denuncias contra Parada Parejas, ambas por desobediencia judicial. El Juzgado de Instrucción III, a cargo del juez Francisco Pisa, dictó el sobreseimiento porque consideró que no había pruebas y decidió no continuar con el proceso, ya que sería “un dispendio jurisdiccional innecesario”. En septiembre de ese año, realizó una tercera denuncia.
En 2017 fueron dos las presentaciones, en el mes junio, por desobediencia judicial. En 2018 lo denunció cinco veces, en marzo, mayo y julio, por amenazas y desobediencia judicial. Una de las denuncias fue enviada a archivo por el auxiliar fiscal José Fernando Isa por “no contar con espacio físico”. En 2020, Paola agregó otras dos denuncias. Sin respuestas de la Justicia Penal tucumana, el 29 de mayo Tacacho intentó la vía civil, con una demanda por daños y perjuicios. Este proceso, en el que se convocó a una mediación con su violentador, estaba en trámite cuando la mató. A todas estas demandas, hay que sumar las dos denuncias que hicieron en Salta la madre de Paola y sus primas.
“Esto es violencia, denunciá”, y después ¿qué?
Desde la sanción de la “Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales“, en el año 2009, se sensibilizó en la necesidad de identificar las violencias y denunciar.
“Muchos de los esfuerzos del Estado se han puesto sobre la sensibilización de las mujeres para que identifiquen las violencias que viven, aún cuando son más incipientes, porque son hostigamiento, maltratos, violencia psicológica, acosos”, explica Gherardi.
Pero, ¿qué pasa después?. “El Estado le dice a las mujeres que identifiquen esos malos tratos antes de que llegue a la violencia física o agresión sexual más grave. Pero después la Justicia no te presta atención. Entonces lo que hace es desestimular y contradecir el propio discurso público. Después de la denuncia no puede seguir el abandono de la mujer, porque si no, lo que sucede esto”, sostiene en referencia el femicidio anunciado de Tacacho en manos de su acosador.
“El Poder Judicial tiene que rendir más y mejor cuentas de lo que hace y lo que no hace. No todo el Poder Judicial es igual y hay personas que trabajan a conciencia y compromiso genuino en abordar estos casos seriamente“, sostiene pensando en un horizonte en el que apostar.
“El Poder Judicial es bastante malo en mostrar el trabajo que hacen y abrir la información respecto de lo que hacen. Tendríamos que saber como sociedad, como comunidad, como sociedad civil, academia, movimientos sociales, cuántas denuncias ingresan, qué tratamiento se les da, cuáles se desestiman y por qué, cuántas siguen, en qué plazos, qué medidas toman. Información básica del desempeño del Poder Judicial que muy pocas reparticiones de la justicia brinda información con solvencia y transparencia”, argumenta.
“La Justicia tiene que trabajar mejor para que la sociedad les crea. No tenemos muchos motivos para creer ciegamente en la justicia. Necesitamos hechos concretos para fortalecer la confianza pública en el Poder Judicial“, afirma la abogada
“La desconfianza en el Poder Judicial es parte de una desconfianza de instituciones públicas que tienen como raíces más profundas. Es indispensable que abordemos como sociedad, porque es difícil construir un futuro democrático sobre la base de la desconfianza en las instituciones”.
Políticas públicas con perfectivas de género y federales ¿utopía o realidad?
La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad trajo aires renovadores para seguir luchando por la erradicar la violencia de género. En Tucumán, la brisa se siente lejos. Este año, la Legislatura tucumana protagonizó un arduo debate para adherir a la Ley Micaela, una ley básica que obliga a todos los estamentos del Estado a capacitarse en perspectiva de género. Legisladores en contra de la ley incluso hablaron de “gestapo ideológica”.
“Los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones del Estado corresponden y abarcan por igual a todas las jurisdicciones. No puede haber provincias donde las mujeres tengan más o menos derechos que otra. Eso es inaceptable. Es función del Estado federal garantizar esa uniformidad en el acceso a los derechos”, apunta Gherardi.
“Pero necesita también de la política provincial para la realización concreta de esos derechos, por lo que no puede suceder que una provincia se excuse en falta de legislación interna para restringir el acceso a la protección de la ley. Y lamentablemente, eso sucede. Y el problema es que no tiene muchas consecuencias”.
En ese sentido, señala que “el Estado federal no ejerce su rol de tutoría y de contralor, para impulsar mejores políticas a nivel local. Si bien es cierto que la política se ejecuta a nivel local o provincial, pero eso no quita que el Estado Nacional no tenga la responsabilidad de garantizar que esas políticas se pongan en marcha”.
Para finalizar, la referente sostiene “el Ministerio de las Mujeres tienen un gran desafío. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de género tiene políticas de descentralización territorial. Nosotras, como sociedad civil, vamos a tener que ser muy cuidadosas en monitorear la implementación y distribución territorial de esos programas en el territorio federal”.
