Si queremos comprender más profundamente al llamado “Operativo Independencia”, tenemos que desterrar “teorías” de poca validez científica como el relato de los “dos demonios” y el de la “guerra sucia”. En ambos relatos el caso tucumano ocupó un lugar central por haber sido el espacio en el que se instaló la “Compañía Ramón Rosa Jiménez” del ERP-PRT en mayo de 1974. Distintos estudios documentaron la falsedad de este relato ya que resulta absurdo equiparar a más de 5.000 hombres del Ejército con un núcleo guerrillero de menos de 150 personas. Del mismo modo, la lucha democrática ha demostrado lo erróneo de los dos demonios, ya que diluye la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y escamotea la participación de sectores dominantes interesados en la represión y en el descabezamiento y desarticulación de las organizaciones obreras y populares con el propósito de frenar el auge de lucha previo.
La pseudo explicación de la “Guerra” no es más que una forma de negacionismo del terrorismo de Estado y de su práctica genocida. Resulta preocupante cuando continúan siendo enarboladas por un ex presidente, como Mauricio Macri, al sostener que lo que ocurrió en Argentina en esos años fue una “Guerra Sucia”. Además, oculta las causas subyacentes en los altos niveles de conflictividad registrados en Tucumán desde mediados de los años ’60. A saber, las distintas políticas antipopulares que, con el cierre de 11 ingenios y la eliminación de más de 50.000 puestos de trabajo durante la dictadura de Onganía, afectaron a la mayoría de la población, en especial, a la clase obrera azucarera. Estas políticas entraban en colisión con los obreros azucareros y sus familias, nucleados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), los pequeños y medianos productores cañeros y demás sectores populares, que a lo largo de esos años protagonizaron diferentes luchas y participaron de los levantamientos populares conocidos como los “Tucumanazos” junto al movimiento estudiantil. Estos antecedentes de lucha y conflicto sindical resultan fundamentales para comprender la dinámica que asumió la represión en la zona. El mismo Adel Vilas, primer comandante del Operativo Independencia, declaró ante la justicia que el epicentro de su accionar en la provincia se llevó a cabo en el “…ámbito gremial y dentro del mismo el objetivo principal era la FOTIA…”, (C. F. A. Tucumán, Declaración de Vilas, Cuerpo Nº 1, “Anexo Prueba Causa Menéndez, Prueba Testimonial c/Declaraciones de Ex Comandantes, ex gobernadores”, 02/02/1987).
El Operativo Independencia implicó la ocupación de las Fuerzas Armadas del espacio público y limitó el accionar del movimiento obrero por sus reivindicaciones. La utilización del Ejército para la represión interna allanó el camino del golpe de Estado, tanto en el terreno represivo como en el plano político más general. Aun así, para que el terrorismo de Estado pudiera desplegarse plenamente en la provincia y tomara escala nacional bajo un control centralizado de las Fuerzas Armadas fue necesario derrocar al gobierno peronista a través de un nuevo golpe de Estado, instaurando con ello la dictadura más sanguinaria que se recuerde en la historia argentina.
Son palpables las marcas del proceso represivo en nuestra provincia. Primero por el cierre de los ingenios en 1966, tiempo después por el Operativo Independencia y finalmente por la dictadura de 1976. De ese modo, como quedó harto demostrado en los distintos juicios de lesa humanidad realizados a lo largo y ancho de la Argentina, la enorme cantidad de víctimas echa por tierra los relatos de la guerra sucia y la “teoría” de los dos demonios, y reafirma que la política del terrorismo de Estado vino a imponer un cambio en la estructura productiva y en las relaciones laborales. En particular, en la industria azucarera esto significó la eliminación de puestos de trabajo, el aumento de la precarización laboral, el desarme de las colonias y por ende de sus trabajadores, y una profundización de la concentración económica de la producción azucarera. La implementación de esta nefasta política no hubiese sido posible sin el ataque sistemático a las organizaciones obreras y populares, como lo demuestra la enorme cantidad de obreros azucareros desaparecidos, y que casi el 80% del Consejo Directivo de la FOTIA electo en 1975 (once de catorce dirigentes) hayan sido víctimas del Terrorismo de Estado.
Los efectos de estas políticas son evidentes, Tucumán a más de 40 años de aquellos sucesos no se recupera de aquellos golpes. Por esta razón amplios sectores populares continúan exigiendo justicia, como se expresa en los juicios de lesa humanidad, y en la demanda de la creación de fuentes de trabajo genuinas.
Por Silvia Nassif. Doctora en Historia, profesora de la Fac. de Ciencias Económicas de la UBA, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón Leoni Pinto – UNT; del Área de Economía y Tecnología – FLACSO; y del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios – UBA. Autora de los libros: Tucumán en llamas. El cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973) y Tucumanazos. Una huella histórica de luchas populares. 1969-1972.
