A casi 9 años del asesinato del comunero, la justicia finalmente puso fecha para juzgar a Darío Luis Amín, Luis Humberto Gómez y José Eduardo Valdivieso, por homicidio y lesiones graves.
Desde la Mesa Justicia por Javier Chocobar anunciaron que, después de 8 años y 10 meses de espera, finalmente la justicia tucumana fijó fecha para el inicio del debate oral. A partir del día 22 de agosto, la Cámara Penal Sala IV de la Provincia de Tucumán juzgará a Darío Luis Amín, Luis Humberto “el niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, por el homicidio de Javier Chocobar y las graves lesiones sufridas por Andrés Mamaní y Emilio Mamaní, miembros de la Comunidad Indígena de Los Chuschagasta, perteneciente a la Nación Diaguita, en la localidad de Trancas, al norte de la Provincia de Tucumán.
“La Comunidad de Los Chuschagasta sostiene este reclamo desde hace casi 9 años, lo que significó para ellos un retardo en el acceso a la Justicia y generó un marco de impunidad para los asesinos. Es en razón de esta persistencia en el reclamo de justicia, que las audiencias de juicio oral por fin se llevarán a cabo”, expresaron a través de un comunicado.
Desde la mesa, explicaron que el caso de Chocobar refleja la realidad con la que las comunidades se enfrentan todos los días; un entramado donde el poder político y los intereses económicos buscan apropiarse de los territorios comunitarios, llevando a estos desenlaces, donde los comuneros son violentados en su derecho al territorio y a la vida misma.
El caso Chocobar
El asesinato del comunero sucedió el 12 de octubre del 2009. Los hechos quedaron filmado en un video. El empresario Darío Amín llegó armado y acompañado de dos ex policías, Humberto “el Niño” Gómez y José Valdiviezo al territorio de la comunidad que se encontraba en disputa. Tras un intercambio de palabras, comenzó una balacera contra los comuneros que terminó con dos de ellos heridos y Chocobar muerto.
Uno de los agresores filmó el ataque y perdió la cámara en la revuelta. El video registra claramente el comienzo de la agresión, aunque el disparo mortal contra el cacique sólo queda registrado en audio. Hoy, los imputados enfrentan penas de cadena perpetua.
En febrero de este año, la justicia declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela.
