En el marco de la intervención que rige desde el 21 de diciembre pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno limitó las actuaciones del organismo en la Justicia Federal tras una resolución de su interventora, Cristina Caamaño.
Asimismo, exhortó a los jueces a que apliquen “de forma restrictiva” su facultad de reclamar la intervención de la AFI en investigaciones judiciales. Hace dos días, Alberto Fernández había hablado del “vínculo espurio entre el Poder Judicial y el sistema de inteligencia”.
El organismo deberá limitarse “al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional, legalmente establecidos por la ley”.
De acuerdo a la resolución, ningún organismo de inteligencia podrá intervenir en investigaciones criminales a no ser que sea requerido por un juez.
La resolución señala que se deberá “comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de la presente normativa, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas”.
“Resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AFI y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias estas ademas propias de otros organismos estatales”, subrayó Caamaño en la Resolución Nº 17/20, con fecha del 13 de enero. La funcionaria resaltó dentró de las “materias propias de esta AFI” al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, entre otros.
Cabe destacar que el Gobierno ya anticipó su intención de enviar al Congreso, en el corto plazo, un proyecto de reforma judicial. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, trabaja en los lineamientos de ese proyecto, que en uno de sus capítulos más relevantes tiene como pretensión «divorciar» a los servicios de inteligencia de la Justicia.
“La inteligencia en la Argentina no es para hacer inteligencia interna, y la inteligencia criminal es inteligencia interna también. Eso es algo que estamos trabajando con Sabina Frederic”, dijo días atrás el Presidente, en una entrevista con Horacio Verbitsky.
“Mi idea es que la inteligencia criminal vuelva al Ministerio de Seguridad, que la inteligencia militar siga funcionando donde está, y la inteligencia estratégica en algún momento pensé que podía pasar a Cancillería, pero me parece que no es una buena idea mezclar la relación diplomática con inteligencia. Es la inteligencia externa, ver qué riesgos corre la Argentina frente a lo que pasa”, agregó.
En el decreto de intervención de la AFI, dictado por Alberto Fernández, se cuestionó el “notorio retroceso institucional” del organismo de inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri, que actuó “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.
