El beneficio había sido revocado luego de acumular 39 violaciones de las condiciones establecidas por la prisión domiciliaria y esperaba el traslado a Villa Urquiza.
El genocida condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Armando De Cándido, fue visto haciendo compras en un supermercado de Barrio Sur, incumpliendo el arresto domiciliario.
La domiciliaria del condenado fue revocada por la Justicia Federal, al acumular 39 violaciones de las condiciones establecidas por la prisión domiciliaria.
Josefina Molina es quien obtuvo las imágenes para demostrar cómo una vez más el represor que acabó con la vida de su padre, el ex senador provincial Dardo Molina, estaba violando la prisión.
La Justicia le había revocado el beneficio. De Candido había recibido la pena de prisión perpetua en el año 2010 por delitos perpetrados en su accionar como oficial de la Policía de Tucumán e integrante del Servicio de Informaciones Confidenciales, grupo que tuvo a su cargo el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención (CCD) Jefatura de Policía.
El genocida está juzgado por su participación necesaria en la privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio triplemente calificado en perjuicio del ex senador provincial y víctima de desaparición forzada Dardo Molina.
En su resolución el Tribunal retomó los fundamentos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal, basados en “las infracciones al régimen de la misma [por la prisión domiciliaria] de las últimas semanas, y otros anteriores reiterados, sistemáticos y documentados que llegan a cuarenta episodios de quebranto”.
El pedido del MPF había sido solicitado luego de que el sistema de monitoreo electrónico -que supervisa el cumplimiento del arresto domiciliario- señalase tres nuevas alertas los días 25, 26 y 29 de mayo por salidas no autorizadas. Asimismo, la Fiscalía había recibido una denuncia de un ciudadano que informó haberlo visto en una entidad bancaria en el microcentro tucumano el 26 de mayo por la mañana. Dicha salida, según pudo corroborarse, no estaba autorizada.
Ante esta situación, el fiscal General Subrogante, Pablo Camuña, solicitaría la custodia policial, para evitar las frecuentes salidas del represor. El pedido debería ser resuelto en las próximas horas por el juez Gabriel Casas.
