El Presidente anunció que modificará la Ley de Inteligencia, por decreto, para impedir que la Agencia Federal de Investigaciones realice “tareas represivas” y que posea “facultades compulsivas o funciones policiales”. Además, ordenó desclasificar los testimonios secretos sobre AMIA.
El discurso del presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, con la que inauguró el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional, estuvo cargado de anuncios que marcarán el rumbo político de su gestión.
Entre ellas, anunció que el gobierno modificará la Ley de Inteligencia para limitar las atribuciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) e impedir que ese organismo pueda estar involucrado en “tareas represivas”, cumpla “tareas de investigación criminal como auxiliar de Justicia” y posea “facultades compulsivas o funciones policiales”.
“No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, remarcó el jefe de Estado y postuló “construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional”.
De esta forma, a 81 días de gestión, Fernández anunció que dará impulso al compromiso asumido en su primer discurso como Presidente, el 10 de diciembre del 2019, cuando expresó su “decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia” y anticipó que intervendría la AFI, reestructuraría el organismo y derogaría el decreto que establecía el secreto de los fondos de inteligencia.
Ante el pleno del cuerpo de ambas cámaras, el jefe de Estado dijo que le ordenará a la AFI la “desclasificación de los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia” en la investigación del ataque extremista a la mutual judía de 1994.
“Esa calidad institucional que pregonamos, sólo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad; por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento; lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema”, prometió Fernández.
Recordó que en enero pasado la Sindicatura General de la Nación se sumó como contralor público de la administración de la AFI y resaltó que, “como consecuencia de todas estas medidas, más del 90% del dinero que el gobierno (anterior) había declarado como fondos reservados se han transparentado y han vuelo a ser públicos”.
Aseguró que, de esta manera, “a paso firme” su gobierno está “poniendo punto final al secretismo con el que se manejan parte de los fondos públicos”.
Además, con el decreto 52/2019 Fernández dispuso que los fondos reservados de la AFI sean reasignados para “financiar políticas públicas nutricionales y educativas, estratégicas para abordar la emergencia social”.
El Presidente encuadró estas políticas en un “nuevo diseño del sistema de inteligencia nacional” y en la intención de su gobierno de “reponer” el orden “perdido” en materia del sistema de inteligencia del país.
Poco después de asumir la Presidencia, el 23 de diciembre del año pasado, Fernández designó como interventora de la AFI -por un plazo de 180 días- a la ex fiscal Cristina Caamaño, a través de un decreto en el que cuestionó el “notorio retroceso institucional” de ese organismo de inteligencia.
Entre sus atribuciones, Caamaño tiene que elevar a consideración del Presidente una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la “producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación” y que limite al “mínimo funcional” la actividad confidencial.
En el 2015 Caamaño estuvo a cargo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom), una dependencia de “escuchas” que nació al mismo tiempo que la AFI y con la que se pretendía modificar ciertas prácticas de la ex Side. Por ejemplo, esas comunicaciones dejaron de estar en manos de la ex Side y quedaron bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, en manos entonces de Alejandra Gils Carbó.
En enero pasado, el síndico Carlos Antonio Montero y Caamaño acordaron diseñar una “estrategia conjunta” para “avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la agencia”.
“Vamos a llevar adelante un trabajo de control que esté en total sintonía con la voluntad política del Presidente, que nos plantea terminar con la concepción de un Estado secreto”, dijo entonces la conducción de la Sigen a través de un comunicado. (Télam)
