Erika Antonella Álvarez tenía 25 años. Su cuerpo apareció dentro de una bolsa de residuos, descartado como basura en un descampado. No es solo la brutalidad del crimen lo que estremece, sino el modo: el gesto final de deshumanización, la intención de borrar, de desechar, de convertir una vida en desecho. Primer femicidio del año 2026.

Esta escena no es nueva. Hace algunos años, otros femicidios se narraron con las mismas palabras: cuerpos de mujeres abandonados en bolsas, desnudos, en basurales, en descampados, como fue el femicidio de Ángeles Rawson, Araceli Ramos, Serena Rodríguez, Noelia Akrap, Melina Romero, Daiana García. Como Paulina Lebbos arrojada a la vera de la ruta. La repetición no es casual. Es una pedagogía de la crueldad que se ensaña sobre los cuerpos feminizados y los convierte en mensaje.

Estos crímenes no ocurren en el vacío. Se inscriben en un contexto de vaciamiento sistemático de las políticas públicas de prevención de la violencia de género, de desfinanciamiento de programas, de debilitamiento de los dispositivos estatales que deberían actuar antes, durante y después. Cuando el Estado se retira, la violencia avanza.

Pero hay algo más que el abandono institucional. Hay una violencia misógina que se despliega con mayor crudeza, habilitada por discursos que relativizan los femicidios, que desprecian las luchas feministas y que buscan restaurar un orden patriarcal basado en el disciplinamiento y el miedo. No se trata solo de políticas que se desarman, sino de sentidos que se habilitan.

En ese marco, no es menor recordar la publicidad “humorística” de una estación de servicio en la que una mujer es descartada en una bolsa de basura por sus compañeros porque “era pesada”. El chiste funciona sobre una idea conocida: el cuerpo de una mujer como algo descartable, molesto, prescindible. Cuando la violencia se vuelve chiste, el límite entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente delgado.

El cuerpo de Erika, descartado como basura, es también el síntoma de una época que vuelve a decidir qué vidas valen y cuáles pueden ser eliminadas sin consecuencias.

Mientras la noticia del femicidio de Erika llegaba a los medios de comunicación, familiares, vecinos y amigos se manifestaron en Delfín Gallo para exigir justicia por dos femicidios y un asesinato en diciembre. Juana Bustos, madre de cuatro niños y niñas, tenía una medida perimetral que no fue suficiente: fue asesinada por su ex pareja el 20 de diciembre de 2025, quien también mató a su primo. Tamara Gimena Sánchez, de 28 años, fue asesinada por su pareja el 29 de diciembre. La respuesta social aparece allí donde el Estado llega tarde o no llega.

Nombrar estos crímenes, vincularlos, leerlos en clave histórica y política no es un ejercicio retórico: es una forma de resistencia. Porque cada femicidio que se presenta como un hecho aislado contribuye al silencio. Y el silencio, una vez más, es cómplice.