La versión abreviada de la ex Ley ómnibus y el Pacto Fiscal llegan al Congreso para ser tratados por los Diputados a partir del mediodía
En la previa a la marcha del día miércoles, el gobierno buscará aprobar ambos proyectos de ley, que pretenden darle facultades delegadas a Milei, desregular la economía, privatizar empresas públicas, eliminar la moratoria en las jubilaciones, realizar una reforma laboral, restituir el impuesto a las ganancias, la extranjerización de las tierras y el desmantelamiento de la función científico-tecnológica, entre otras medidas.
Tras el fracaso de la versión original de la Ley Bases, esta vez el gobierno buscó y obtuvo el apoyo de los gobernadores y de la oposición para tratarse en una sesión que se extendería probablemente hasta el miércoles a la madrugada. La votación en general está garantizada, con un piso de 135 votos a favor, según fuentes parlamentarias del oficialismo. También remarcaron que difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo.
Para llegar a este acuerdo, los libertarios debieron ceder y eliminar un par de artículos como el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó la lista de empresas sujetas a privatización.
Privatización total: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
Sujetas a privatización o concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Trenes Argentinos (Sofse).
Privatización sería parcial: Nucleoeléctrica Argentina SA, Pellegrini SA, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Estas últimas empresas “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, señala la ley.
Además amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución, y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES que habilitaba la venta de acciones.
Reforma laboral
Este fue el punto más polémico y difícil de acordar. La UCR impulsaba una reforma ambiciosa que no tuvo el visto bueno por parte de la oposición y debió ser modificada pero aún así perjudica a la clase trabajadora de forma directa. Estas modificaciones incluyen:
- Extender el periodo de prueba a seis meses (con posibilidades de ampliarlo a ocho meses y un año).
- Eliminar las multas a los empresarios por el empleo no registrado.
- Los trabajadores independientes podrán contar con hasta cinco colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo.
- En los casos de despido sin justa causa se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración del último año. Se excluye el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual.
- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por contratar un sistema privado a su costo para solventar la indemnización.
- La indemnización se agravará en un 50% si el despido está motivado en un acto discriminatorio si hay sentencia judicial que corrobore el hecho, donde la prueba estará a cargo de quien invoque la causal.
- La participación en bloqueos o tomas de establecimientos, ya sean totales o parciales, configurará una “grave injuria laboral” y podrá ser tomada como causal de despido. Además, se establecen penas de entre seis meses y tres años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias “con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio”.
Myriam Bregman se pronunció al respecto y dijo: “Lo que están haciendo es ilegal y es anticonstitucional. No pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país”.
Mientras que el triunviro de la CGT, el camionero Pablo Moyano, sostuvo que el intento de Milei de concretar una reforma laboral fortalecerá el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.
Por su parte la expresidenta Cristina Kirchner recordó que la Ley Bases también “autorizará al Poder Ejecutivo, ‘por razones de emergencia’, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023”.
