El subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán durante una entrevista realizó un comentario que viola la Ley de Identidad de Género.
Este fin de semana se registró el transfemicidio de Vicky Nievas, el séptimo en Tucumán en los últimos cuatro años. Mientras su familia y amistades aún están en duelo, organizaciones feministas y LGBTIQ se dirigen a los medios de comunicación que cubrieron el caso para recordarles que deben cumplir con la Ley de Identidad de Género. Otra vez vulneraron el derecho a la identidad de una víctima de la violencia sistemática que el Estado y la sociedad ejercen contra los cuerpos trans.
Dos días después, a través de las redes sociales una organización que lucha por el acceso a derechos y una vida más digna del colectivo LGBTIQ, detectó en un noticiero comentarios transfóbicos de un funcionario municipal y viralizó el video. El programa es consumido por una audiencia muy amplia de todo Tucumán.
Se trata de Enrique Romero, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán quien lanzó al aire un comentario que desnuda la violencia simbólica que día a día se reproduce sin ningún tipo de sanción. “Todos saben que es un vago”, dijo refiriéndose al legislador Ricardo Bussi. El comentario se vuelve perverso y transfóbico porque utiliza el un juego de palabras para incluir a la actriz trans Florencia de la V en su comentario. Este juego de palabras reproduce la violencia sobre las personas trans, una vez más, se hace referencia a las personas trans solo para burlarse y denostar su identidad de género.
En el canal nadie reparó en corregir el acto discriminatorio. El programa siguió. El programa terminó.
Como funcionario público, Enrique Romero tiene la obligación de conocer la ley y además de tener una capacitación en perspectiva de género, de acuerdo a la Ley Micaela. Pero en Tucumán no hay respeto.
El año pasado la municipalidad de San Miguel de Tucumán sancionó la ordenanza de Cupo Laboral Trans, que hasta el día de hoy no fue reglamentada. Incorporar a personas trans a trabajar en un ambiente de hostilidad y discriminación que demuestran fomentar estos funcionarios no viene a resolver la problemática del colectivo trans, sino a continuar marginando, excluyendo a una parte de la población más vulnerable que no supera los 35 años de vida.
