Así lo afirmó la abogada tucumana Soledad Deza en su intervención como invitada en la comisión Legislación General, Legislación Penal; Mujeres y Diversidad; Acción social y Salud Pública.
La presidenta de Mujeres por Mujeres, Soledad Deza, fue una de las expositoras favor de legalización del aborto en la comisión Legislación General, Legislación Penal; Mujeres y Diversidad; Acción social y Salud Pública.
Deza abordó la objeción de conciencia como eje central de su intervención y señaló que el art. 10 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo “es una enorme concesión a quienes suelen usar la propia conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública“.
“El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia” detalla el artículo del proyecto del Ejecutivo.
Para Deza, la objeción de conciencia se convierte en una “herramienta de excepción frente a los derechos sexuales en general y al aborto en particular, invierte su lógica de creación y funciona como una regla. Así emergen instituciones, que al contar solo con personal objetor, retiran en fácticamente de la oferta sanitaria prestaciones lícitas como la ILE (prevista en el Fallo F.A.L)”.
Como caso testigo del mal uso de la “objeción de conciencia”, la jurista se refiere al caso Lucía, la niña de 11 años que queda embaraza tras sufrir un abuso, en 2019.
“El caso Lucía demostró en Tucumán que no hubo ni un sector de la salud pública dispuesto a garantizar los derechos de la niña y, lejos de extremar los recaudos para que profesionales del sector privado le practicaran un aborto, se propició el nacimiento con vida para propiciar conciencias ajenas” afirmó.
Deza, en linea con lo expuesto por el Ministro de Salud de la Nación, remarca que no puede haber instituciones objetoras de conciencia y apunta contra “los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud, buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual”
“La peor cara de la objeción, la más dañina, es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno, brindando información falsa, sin evidencia científica, solicitando interconsultas o estudios innecesarios y hasta judicializado el consentimiento de las pacientes” agrega.
Provocación de los antiderechos
La diputada anti derechos Dina Rezinovsky le pregunta a la expositora tucumana sobre el caso Lucía como “Faustina la bebé que murió producto de una cesárea”.
Ante el desconocimiento de Rezinovsky, Deza contesta que el aborto por causa de violación está previsto en el Fallo F.A.L basado en la “ley vigente desde 1921”.
Las dilaciones que sufrió Lucía para acceder a una ILE, provocaron una maduración fetal que puso en riesgo su salud y se le practicó una cesárea por la que nació una beba que murió a los días.
Los grupos fundamentalistas nombraron a la beba como “Faustina” y hostigaron de manera mediática y sistemática a Lucía y a su madre. El proceso médico, que debía ser practicado de manera discreta por tratarse de una niña víctima de un abuso, se convirtió en un caso público.
El caso de Lucía llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que propuso una reparación para la niña y su familia y recomendó una serie de políticas públicas para el estado tucumano.
