Por Marcelo Giullitti OIiva (ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Florencia Vallino (ANDHES)
Una discusión sin la participación de la ciudadanía, en un lapso de tiempo excesivamente corto, sin información previa disponible, y con la advertencia de que se recortarían fondos públicos. Este podría ser el resumen del debate de la ley más importante que tiene a su cargo la Legislatura de Tucumán.
La participación ciudadana en las decisiones públicas es el pilar fundamental sobre el cual se construye su legitimidad. Esto resulta particularmente relevante cuando las decisiones afectan a numerosas personas, como en el caso del presupuesto público. Una mirada robusta de la democracia exige que las decisiones importantes que afectan a tantas personas sean realizadas en forma amplia, abierta y escuchando las voces de quienes van a ser afectadas por dicha decisión, particularmente las que pertenecen a grupos tradicionalmente vulnerabilizados.
El presupuesto es la hoja de ruta a través de la cual el Estado Provincial decide cómo recaudar y distribuir los recursos públicos, y permite conocer las prioridades y compromisos del gobierno provincial con la garantía de los derechos.
A través de este instrumento, el Estado puede garantizar una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servicios y bienes públicos necesarios para que todas las personas accedan a derechos básicos como la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, entre otros.
Por esta razón, es esencial que sea el resultado de un diálogo abierto y participativo, en el cual las personas puedan expresar sus preferencias y necesidades, tanto individuales como colectivas. La ausencia de espacios de participación ciudadana en la elaboración y discusión del presupuesto limita la posibilidad de que este represente verdaderamente los intereses y necesidades de la población. Es la comunidad quien mejor conoce sus problemáticas y sus demandas.
A la falta de espacios de participación se le suma la ausencia de información disponible respecto a las partidas que conforman los gastos presupuestados. Esta información se encuentra en las planillas adjuntas al proyecto de ley, las cuales sólo fueron entregadas a Legisladores con menos de una semana de anticipación a la discusión del proyecto, y no se publicaron. La ausencia de datos disponibles son un obstáculo a la participación y al control por parte de la ciudadanía de las prioridades asignadas por sus representantes en el presupuesto.
Desde ACIJ y ANDHES solicitamos al Presidente de la Legislatura de Tucumán que asegure un debate abierto, robusto y participativo para la discusión de la ley de Presupuesto para el 2024. Sin embargo, no recibimos respuesta alguna, y no se abrió tampoco ningún tipo de instancia participativa.
La falta de información disponible y de mecanismos de participación tiene efectos reales en la asignación de prioridades. El análisis del presupuesto aprobado el día jueves 14 de diciembre por la Legislatura da cuenta de ello: las partidas destinadas a derechos sufrieron un fuerte retroceso en términos reales, y la austeridad prometida por el Gobernador termina siendo soportada por las personas, particularmente de los sectores populares. En este sentido, no sólo proyecta una caída en los ingresos, teniendo en cuenta un año recesivo en 2024, sino que la proyección de gastos está muy por debajo de la inflación. Las perspectivas de una nueva devaluación en marzo podrían dejar muy por detrás los montos asignados.
Si bien pueden ajustarse las partidas parcialmente durante el año en curso, parecería ser que el objetivo de la provincia se encuentra en mantener bajos los gastos de la provincia.
Es clave tener en cuenta que los programas nacionales se cortaran, con lo cual las provincias deberán enfrentar las demandas de sus ciudadanos y ciudadanas. Sería prioritario que el gobierno provincial se prepare para este escenario de crisis, sobre todo teniendo en cuenta que el 63% del presupuesto corresponde a salarios y transferencias.
En este sentido, si se compara el presupuesto 2024 con el de 2023, el área de Salud recibe un incremento nominal del 33,08%; el área de Desarrollo Social, un 64,22% y el área de Educación un 132,80%. Teniendo en cuenta que en el último año la inflación acumulada lleva aproximadamente un 163,3% (a datos de noviembre), cualquier previsión menor a este número implica que, en términos reales, los montos resultarán menores a los del año pasado, y por ende, habrá un retroceso en la satisfacción de estos derechos. Sin embargo, áreas como Comunicación o Gestión Pública no serán parte del ajuste presupuestario anunciado, y recibirán en términos reales montos mayores a los del año anterior, con un aumento nominal del 165,19% y de un 284,09% respectivamente.
La aprobación del presupuesto en la Provincia de Tucumán sin la voz de la ciudadanía perjudica la legitimidad de la decisión y tiene consecuencias directas en la vigencia de los derechos. La participación ciudadana en el presupuesto no es un mero requisito procedimental, sino el fundamento de una democracia robusta y participativa, en la que se aseguren a las personas los derechos reconocidos en la Constitución.
La nota fue publicada originalmente en Andhes
