En el Día Mundial de la Salud, te acercamos el análisis de la Universidad Nacional de San Martín sobre cómo afecta el sistema internacional de patentes a la distribución global de vacunas contra el SARS-CoV-2. Alrededor de 10 países concentran el 75% del total de las vacunas producidas y más de 130 todavía no recibieron dosis para inmunizar a su población. ¿Qué alternativas existen para facilitar un acceso igualitario a la inmunización frente a la pandemia?
Mientras la Argentina envía vuelos a Rusia y a China en busca de nuevas dosis para continuar con el plan de vacunación contra la COVID-19, Italia es sorprendida con un depósito con 29 millones de dosis de las inoculaciones de AstraZeneca que estaban listas para ser enviadas al Reino Unido y las autoridades de la Unión Europea le prohibieron a esa misma farmacéutica continuar con sus exportaciones hasta que cumpla con los contratos adquiridos entre los 27 países miembros del bloque. En tanto, India decidió priorizar a sus ciudadanos y suspendió temporalmente las exportaciones del Serum Institute India (SII, por sus siglas en inglés), el mayor productor de vacunas en el mundo, y el principal proveedor de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca y Novavax para el programa COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hay una guerra geopolítica por las vacunas y no se está dando en la Argentina ni en América Latina, adonde los países son más bien víctimas de este proceso y tratan, de manera descoordinada, de establecer acuerdos con los grandes laboratorios. Tampoco se está dando en las naciones de más bajos ingresos, como la mayoría en África, adonde las vacunas se vuelven un bien de lujo al que posiblemente puedan acceder en no menos de cuatro o cinco años, cuando ya no sean tan requeridas en los lugares más desarrollados del planeta.
Actualmente, alrededor de 10 países concentran el 75% del total de las vacunas producidas, mientras que más de 130 todavía no recibieron dosis para inmunizar a su población. Incluso, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado el acaparamiento de vacunas por parte de los países más desarrollados y cuestionó esa inequidad, que impide que muchos países puedan vacunar a sus trabajadores sanitarios y personas mayores, mientras que otros ya están vacunando a gente joven y que no está en ninguna categoría de riesgo.
“Que se vacunen los países ricos porque tienen las empresas, la tecnología y las patentes, y porque ellas indican quién puede fabricar y quien no, es un sinsentido”, afirmó la abogada especializada en propiedad intelectual Lorena Di Giano, durante una jornada de capacitación organizada por la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), y se refirió a la concentración monopólica que han adquirido las compañías farmacéuticas durante las últimas décadas gracias al sistema de patentes internacional y a la exclusividad que otorgan esos títulos de propiedad intelectual, que son territoriales e inicialmente rigen por 20 años (aunque que las empresas suelen intentar extenderlos en el tiempo, a través de lo que se conoce como prácticas de evergreening o perennización, que en algunos casos permite sostener los monopolios hasta por más de 40 años).
Además, las patentes son otorgadas por los Estados y rigen en los territorios adonde son otorgadas. Por supuesto, pueden estar vigentes en varios países al mismo tiempo, pero no siempre tuvieron tanto alcance a nivel global como ahora. Fue recién entre 1986 y 1994, durante la ronda de Uruguay, cuando en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció el denominado Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es vinculante para todos los países miembros (la Argentina entre ellos), con la intención de armonizar las leyes nacionales e imponer estándares mínimos de la protección de la propiedad intelectual.
“Esto significó que se reconociera la propiedad intelectual sobre todas las áreas de la tecnología, incluyendo la médica, algo que la mayoría de los países no solía tener. Significó que, por primera vez, países como la Argentina adoptáramos la ley nacional de patentes y reconociéramos la propiedad intelectual y los monopolios sobre vacunas y medicamentos”, explicó Di Giano, que preside la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo).
La especialista recordó que con el ADPIC se buscaba promover la inversión privada para estimular la innovación tecnológica, así como la transferencia de tecnología, pero el tiempo ha demostrado que esto no ocurrió, al menos en materia de salud. Por el contario, mencionó varios estudios que dan cuenta de cómo aumentaron los monopolios y se concentró la actividad innovadora en los países desarrollados, que ya producían tecnología antes del ADPIC. Uno de ellos, por ejemplo, publicado en 2002 por la Fundación NIHCM, detectó que apenas el 15% de los medicamentos nuevos aprobados por la FDA entre 1989 y 2000 fueron calificados como altamente innovadores (que tenían nuevos principios activos que fomentaban una mejora clínica significativa).
Según un artículo de la revista BMJ, del año 2005, apenas el 5,9% de de los medicamentos patentados entre 1993 y 2003, analizados en Canadá por la Junta Revisión de Precios de Medicamentos Patentados (PMPRB), fueron clasificados como innovaciones reales (es decir, los primeros en tratar de forma efectiva una determinada enfermedad, que promueven una ventaja terapéutica considerable en comparación con los que ya existen).
“Las patentes sobre las tecnologías médicas no trajeron soluciones a los problemas de salud. La actividad innovadora quedó en manos de los mismos países de siempre. Transformaron a los medicamentos en mercancías”, subrayó Di Giano, que también coordina la RedLAM (Red latinoamericana de acceso a medicamentos).
Al respecto, la abogada María Cecilia Aloise, que pertenece al equipo de especialistas en propiedad intelectual del estudio ClarkeModet desde hace más de 10 años, detalló que en 2019 había poco más de 3,2 millones de solicitudes de patentes presentadas en el mundo, de las cuales el 25% están relacionadas con la salud, sobre tecnologías médicas, biotecnología, fármacos y análisis médicos, entre otras. Además, agregó que, durante el año pasado, tras el inicio de la pandemia realizaron un estudio sobre cómo fueron evolucionando tales solicitudes en otras crisis sanitarias previas y detectaron que las solicitudes de patentes relacionadas con medicamentos y vacunas aumentaron un 70% en dos años, en el caso del Ébola, y se duplicaron y triplicaron en los casos del MERS y SARS, respectivamente.
“La actividad de I+D se intensificó notablemente. La cantidad de solicitudes opera como un termómetro de la respuesta de la comunidad científica a una crisis particular”, subrayó Aloise y adelantó que, frente a la pandemia actual, “vamos a tener un mundo de solicitudes de patentes enormes en lo que refiere a las vacunas contra la COVID-19”, y habrá que analizar los límites y beneficios de esos títulos de propiedad intelectual frente a las cuestiones sanitarias urgentes. “En las pandemias anteriores, hubo patentes que fueron exitosamente concedidas en el resto de los países y algunas todavía se encuentran vigentes. Habrá que ver si alguna tecnología para la COVID-19 incluye algo que ya se encuentra en otra patente, y habrá patentes dependientes una de la otra, pero probablemente en uno o dos años tengamos patentes concedidas contra la COVID-19”, celebró.
Al respecto, Di Giano detalló que, en un relevamiento que están elaborando desde la Fundación GEP, detectaron al menos 188 patentes asociadas con vacunas anti-SARS y anti-MERS, que fueron las bases sobre las que se trabajó para las del SARS-CoV-2, pero advirtió: “Las patentes están bloqueando la capacidad para producir. El sector farmacéutico argentino, público y privado, tiene una gran capacidad de fabricar biológicos. Si se liberara la tecnología y se hiciera real la transferencia de tecnología, nuestros laboratorios podrían fabricar vacunas. ¿Cómo vamos a pretender que exista una patente que bloquee la posibilidad de que ejerzamos la soberanía de producirlas, para que nuestra población pueda ser inoculada?”, cuestionó Di Giano.
Soberanía productiva o la tercera vía
Para lograr un acceso equitativo a las vacunas, al inicio de la pandemia se propusieron distintas alternativas. Desde la OMS se propuso el mecanismo COVAX –impulsada junto con la Alianza de Vacunas (GAVI), que está principalmente financiada y coordinada por la propia industria farmacéutica, y la Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI), que también recibe fondos de la industria farmacéutica y organismos filantrópicos como la Fundación Bill y Melinda Gates–, que pretendía evitar una distribución desigual a través de un sistema de financiación que permite que 92 naciones con economías de ingresos bajos y medios tengan acceso a las vacunas, al menos para el 20% de su población.
Sin embargo, esta iniciativa no está generando los resultados esperados. Tanto que, a fines de febrero, el director general de ese organismo acusó a “algunos países ricos” de “socavar” la iniciativa, ya que a buscan tener acceso a dosis adicionales de inoculaciones mediante negociaciones directas con los fabricantes, lo que ha generado una disminución en el número de dosis asignadas a COVAX.
En paralelo, durante su discurso ante el Consejo General de la OMC luego de tomar posesión de su cargo en marzo pasado, la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, instó a los miembros a “hacer las cosas de una manera diferente”, y propuso centrarse “en colaborar con las empresas para abrir y conceder licencias a más centros de fabricación viables en los mercados emergentes y los países en desarrollo”.
Sin embargo, se continúa postergando el debate sobre una propuesta que India y Sudáfrica llevaron a la OMC en octubre del año pasado, que propone la suspensión de patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre todas las tecnologías médicas vinculadas a COVID-19 mientras dure la pandemia. La medida hoy es patrocinada por cuatro países y avalada por más de un centenar de naciones miembro de la OMC (entre las que figura la Argentina). Además, cuenta con el apoyo de más de 400 organizaciones de la sociedad civil (entre las cuales figuran GEP y RedLAM).
“A las empresas farmacéuticas, este sistema les está funcionando muy bien. Creo que se niegan a que se suspendan los derechos de propiedad intelectual mientras dure esta pandemia porque, si eso funcionara, después podría extenderse al resto de las enfermedades”, reflexionó Di Giano y cuestionó: “¿Cuánto tiempo más van a esperar? Cuando se presentó esa propuesta había en el mundo un millón de fallecidos por COVID-19 y hoy ya suman más de 2,7 millones”.
Los países en desarrollo han sido opositores a esta propuesta desde que se presentó, aunque, sorpresivamente, el viernes pasado se conoció que el gobierno de Estados Unidos está analizando la posibilidad de adherir a esta propuesta y liberar temporalmente la propiedad intelectual sobre los fármacos de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson&Johnson, en respuesta a una carta presentada por la presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi. Esta idea provocó el rechazo de los fabricantes y el debate continúa abierto. Mientras tanto, en América Latina, distintos países vuelven a cerrar fronteras y aislar a sus poblaciones, ante el avance de una segunda ola que se está cobrando miles de vidas diarias y mantiene en alerta a todo el mundo.
