El 8 de mayo es el Día Nacional contra la Violencia Institucional, declarado en conmemoración de la Masacre de Budge ocurrida en 1987, donde fueron asesinados los jóvenes Agustín Olivera, Oscar Aredes, y Roberto Argañaraz, en manos de la policía bonaerense. Desde entonces, organizaciones que luchan contra la violencia estatal y policial realizarán actividades para visibilizar una problemática transversal al territorio nacional.
En Tucumán, las organizaciones que componen la Mesa Justicia por Reyes, un joven que fue asesinado por la policía, convocan a una marcha para el miércoles 8 a las 10 de la mañana desde Plaza Urquiza.
“Marchamos contra el gatillo fácil, contra la violencia y represión policial desatada contra los pobres y exigimos que la justicia actúe de inmediato separando de la fuerza a los asesinos de Miguel Reyes y ordene la elevación a juicio del caso”, expresaron en un comunicado.
En un contexto de crisis, en donde la única respuesta estatal ante la inseguridad es aumentar el presupuesto de las fuerzas de seguridad, incorporar más policías y equipamientos, desde las organizaciones sostienen que “el mejor plan de seguridad es garantizar derechos, trabajo, vivienda y educación porque ningún niño, niña o joven nace choro”.
Desde la mesa de Justicias por Reyes expresaron:
- “Responsabilizamos al ministro de seguridad Claudio Maley por la utilización de la “doctrina Chocobar” como una política de seguridad, permitiendo a las fuerzas policiales locales, con aval del poder político y judicial, desarrollar una matanza dirigida a los sectores más empobrecidos y vulnerados de nuestra sociedad”.
- “Exigimos la derogación inmediata del código de contravenciones”.
- “Denunciamos la complicidad entre la policía y los transas que, lejos de combatirse se propone como respuesta y eslogan de campaña aumentar las fuerzas policiales, tal como lo viene haciendo el gobierno de Juan Manzur”.
La historia de Miguel
Miguel Reyes Pérez, hijo de Ana Reales y Miguel Pérez, vivía en el barrio San Cayetano, tenía 26 años y ayudaba a sus padres feriantes en la venta ambulante. Hacía ocho años había probado drogas por primera vez, tras comenzar a consumir paco, tres meses antes de su asesinato, su vida cambió para siempre.
Tenía dos hijos a los que no veía por su problema de adicciones: una nena de 4 años y un bebé de un mes.
Solía reunirse con un grupo de amigos en la esquina de su casa. El 24 de diciembre, en esa misma esquina, cerca de las cuatro de la tarde, dos policías que circulaban en moto los interceptaron y requisaron a Miguel buscando pruebas que lo incriminaran en un robo que no había cometido. Solo encontraron su pipa. En tono amenazante, antes de retirarse, le advirtieron: “portate bien”.
Más tarde, mientras Miguel se dirigía a su casa a buscar hielo, fue interceptado por los oficiales Mauro Navarro y Gerardo Figueroa quiénes sin mediar palabras lo dejaron inconsciente con un disparo en su cabeza y un golpe de itaca cuando ya se encontraba herido en el piso. La ambulancia nunca llegó. Su hermana Verónica obligó a los policías a que los llevaran al hospital Padilla en el móvil policial.
Una vez internado, fue operado para extraerle el coágulo de sangre que se le había formado por las agresiones recibidas. Luego de 23 días de agonía, Miguel Reyes Pérez murió. A Miguel lo mataron.
Su madre Ana Reales en su lucha por justicia se convirtió en una referente contra el gatillo fácil. Desde su lugar denuncia la persecución y hostigamiento que obliga a las familias a pagarle a la policía para que NO se le armen causas a los pibes, esclavos de los transas y abandonados por el sistema de salud pública.
