El actual intendente de Famaillá fue denunciado en 2016 por una trabajadora de la Cámara de Diputados, cuando Orellana se desempeñaba como legislador Nacional.
Seis años pasaron desde que una trabajadora del Congreso de la Nación denunció al ex diputado nacional y actual intendente de Famaillá José Orellana por abuso sexual. El 14 de octubre comienza el juicio oral en el Tribunal Oral en los Criminal y Correccional Nº28, que juzgará al funcionario por el delito de abuso sexual simple. La querella está representada por la abogada María Elena Barbagelata.
En mayo de 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento del ex legislador por “considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual”. Tuvieron que pasar dos años más para llegar al juicio oral para determinar su responsabilidad, luego de haber sido sobreseído en primera instancia.
Los hechos sucedieron el 2016 cuando Orellana se desempeñaba como diputado nacional. Agustina Poch de 21 años, quien en un primer momento resguardó su identidad y luego dio a conocer su historia a través de los medios, trabajaba como secretaria de la ex diputada nacional por el socialismo Gabriela Troiano. Según denunció la joven, fue en el recinto donde sucedió el abuso sexual, en el despacho de Orellana.
“Este juicio oral va a ser ejemplificador”, expresó la ex diputada. “Es lamentable la cantidad de tiempo que la Justicia se toma. Es muy importante la valentía que tuvo Agustina de hacer esta denuncia para que la justicia penal dicte una sentencia hacia José Orellana. Nos hubiese gustado que en su momento la Cámara de Diputados hubiese tomado un rol más protagónico con respecto a esta situación. Actualmente estamos en contacto con la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados de la Nación para hacer que este juicio oral sea ejemplificador en su resolución”.
La situación de desigualdad de poder que existía entre la joven y Orellana es clave en este caso, que se repite en las otras denuncias donde hay funcionarios y políticos involucrados. En Tucumán, se suman la denuncia contra el ex senador José Alperovich, contra el legislador Ricardo Bussi, contra el vocal de la Corte Antonio Estofán, solo por nombrar algunos.
La exdiputada será testigo en el juicio. Fue la primera persona en hablar con Agustina después del hecho que sucedió el 11 de noviembre de 2016. “Yo estaba de viaje, la llamé por teléfono y me la encontré llorando, encerrada, desesperada. Le dije que se vaya de ahí y que busque a alguien que la acompañe porque era viernes y en general en la cámara los días viernes no hay mucha gente”, contó Troiano. Durante meses Agustina no pudo ir a trabajar por temor a cruzarse con el actual intendente de Famaillá. La Cámara se demoró meses en trasladar la oficina de Orellana que estaba pegada a su lugar de trabajo. Gabriela realizó múltiples pedidos hasta que finalmente fue escuchada.
En 2020, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de la Nación resolvió realizar una reparación histórica a Agustina. “Hace algunos años, una trabajadora de ésta Cámara de Diputados de la Nación denunció haber sufrido abusos sexuales por un entonces diputado nacional, que está procesado por ese delito, y no encontró la protección física y psíquica que amparada por la Ley debería haberle garantizado ésta Cámara”, expresó en ese momento el comunicado de Diputados. La reparación consistió en incorporar a la denunciante a la planta permanente como primera ingresante al nuevo Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara.
Para Troiano, los funcionarios públicos que sean denunciados por delitos de violencia de género deberían ser apartados de sus cargos hasta tanto se resuelvan las causas para evitar dilaciones y que sea un proceso más expeditivo. “La justicia lenta no es justicia. En estos casos es mucho peor, porque durante todo este tiempo la víctima está vulnerada. Hasta que no se hace justicia la víctima no tiene paz. Cada vez que se habla del tema, que hay una reunión, o una convocatoria vuelve a resurgir todo. Lo que se busca con una sentencia rápida, no digo sanar la herida pero bueno, por lo menos cerrar una etapa”.
En su momento, Orellana se defendió alegando que se trabaja de una “operación política”. La misma estragtegia utilizaron sus pares denunciados por delitos similares.
