Empleados y empleadas del Estado Nacional viven momentos de angustia por la cesantía de sus puestos de trabajo, quienes además reclaman que fueron informados de maneras despiadadas. Desde el gobierno advirtieron que este ajuste será más severo en los próximos meses.
El vocero presidencial, Manuel Adorni pasó anoche por el programa de Jonatan Viale y dijo que “del universo de contratos analizados”, que estiman en 70 mil, los despidos serían por ahora 15 mil, “y el resto se renueva por seis meses”. Y agregó: “El trabajo es muy quirúrgico, entonces los tiempos son más lentos de lo que a uno le hubiese gustado”.
Muchos empleados públicos se enteraron que sus contratos, que fueron renovados en diciembre por tres meses y vencían el 31 de marzo, no serían renovados cuando intentaron ingresar a sus puestos de trabajo.
Otros, en cambio, recibieron mails durante la madrugada de hoy o se anoticiaron de su despido cuando difundieron listados de quienes quedaban en la calle.
En este plan macabro de despidos en organismos del Estafo Nacional que el gobierno de Javier Milei puso en marcha se mencionan 15 mil, pero, dentro de esa cifra, no se tienen en cuenta todos los trabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas. Es decir, no se contabiliza las decenas de oficinas de Anses que, de un día al otro, se quedaron sin personal. No se cuentan los 517 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Trabajo, perteneciente al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, de un total de 3.900.
Dentro del ministerio a cargo de Pettovello, también se anunció el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) que hay en todo el país, con el correspondiente cese de los contratos de unos 600 empleados. La medida fue anunciada por redes sociales. Los CDR son dispositivos locales de gestión y acceso a políticas públicas que promueven la garantía de derechos que el Estado tiene a cargo.
La Secretaría de Derechos Humanos no fue la excepción: desde ATE informaron que varios trabajadores fueron despedidos y cuando quisieron consultar a Alberto Baños -a cargo del área-, uno de los custodios del funcionario amenazó con sacar su arma de fuego.
En la lista sigue el Servicio Meteorológico Nacional. Lucas Berengua trabajó 21 años en el organismo. Fue, y es, el meteorólogo más joven que vio el país. Sin embargo, ayer lo llamaron para informarle que estaba despedido, por altavoz, sin dar la cara. Así, sin telegrama, sin piedad. “Estoy muy shockeado con la situación, la realidad es que hay 21 años de carrera, yo no era un ñoqui, así que acá no me vengan con ese verso”, expresó Lucas esta mañana en Radio con vos.
El modus operandi libertario también llegó a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde fueron decenas las personas despedidas. Tal es el caso de Verónica Pites, que trabajaba en el organismo hacía 13 años y se encargaba de verificar los trámites de nuevas pensiones para las personas que padecían alguna enfermedad grave y estaban en la pobreza.
A esto se le suma, lo ya anunciado el 18 de marzo, la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF) lo cual consiste en el despido de 900 empleados.
En Tucumán se cesó el pago de 39 trabajadores de INAFCI que asisten a 6.000 productores agrícolas, por lo cual llevaron sus productos ayer a la plaza Independencia y anunciaron un feriazo de protesta. “Todavía no nos llegaron las notificaciones, pero una de la modalidades en esta situación es la no notificación, sino directamente el cese del pago. Estamos tratando de visibilizar esto, y buscando que la gente vea para qué sirve el Instituto, con los productores como en esta feria”, expresó uno de los damnificados.
El caso de ENACOM
El gobierno anunció el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a partir del 1 de abril. A raíz de esta medida, se estima que unos 500 trabajadores perderán su fuente laboral y Tucumán no será la excepción.
Esta mañana, las oficinas del ente ubicadas en la capital tucumana y en el resto del país, amanecieron con móviles de la policía federal en la puerta, lo que generó más tensión y angustia entre los trabajadores ante un escenario desesperanzador.
De acuerdo a la resolución, los cierres se darán a partir del próximo 1 de abril y se establecerá un período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales. Habrá una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todo.
El gobierno afiló la motosierra y atacó sin piedad al sector público en plena Semana Santa y vísperas de Pascuas. Milei lo celebra como un logro para enmarcar, los trolls aplauden y alimentan su odio con la desdicha de otros, vulnerando los derechos de cada trabajador, siendo participes de un circo que sólo ajusta al sector más vulnerable, a la clase trabajadora, a personas con años de carrera y entrega al Estado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nos podrán la soga?
