Pasaron tres años desde que la realidad travesti trans se hizo visible luego del brutal travesticidio de Ayelén Gomez. La lucha por el cupo laboral trans se instaló y recién este año se lograron algunas victorias. Sin embargo, las leyes no se tradujeron en derechos.
“La Power era una persona que todo el tiempo se la veía con una sonrisa”, cuenta Claudinna Rukone, activista trans, fundadora de LOTO, y amiga de Alejandra Benítez, la joven de 34 años que fue asesinada el 5 de noviembre a la madrugada en San Miguel de Tucumán. Todos los años esperaba el carnaval para bordar su vestuario y salir a bailar con la comparsa. Esa era la Power.
El travesticido de Benítez es el segundo que se registra en el año, y el quinto desde que la realidad del colectivo travesti/trans se hizo visible en Tucumán con el crimen de Ayelén Gómez, en 2017.
Desde aquel 12 de agosto, cuando la sociedad tucumana amanecía con la noticia de un cuerpo sin vida bajo las tribunas del Club Lawn Tennis, en el Parque 9 de Julio, el movimiento LGBT, con el protagonismo de mujeres trans y travestis, viene luchando por el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.
“Es muy complicado pensar que hay un avance social, cuando hoy festejamos el ingreso de una compañera a un trabajo en blanco dentro del Banco Nación, pero sin embargo, ya llevamos dos muertas en menos de dos meses. Y dos muertas, no precisamente por COVID, que es el tema que está de moda en este momento. Sino dos homicidios brutales contra personas que no tenían un recurso y una posibilidad de sostenerse como cualquiera otra. E insisto, no muertas por vejez, no muertas por enfermedad, sino asesinadas. Desangradas en la calle”, denuncia la referente.
“En lo que va de la historia desde Ayelén hasta la Power, si pensamos en todas las muertas que tuvimos y lo comparamos con un ingreso a un trabajo en blanco, habla pésimo de lo que socialmente estamos construyendo y sobre todo, de lo que la sociedad nos está permitiendo hacer. Porque esto no es una decisión de nosotras, es una decisión social cuál es el lugar que nos corresponde, cuál es el lugar que debemos ocupar, que son los márgenes y siguen siendo los márgenes y siguen siendo las muertes las que nos representan”, señala Rukone.
A pesar de que este año se aprobaron diferente normas y ordenanzas de cupo laboral trans en la provincia, como la ordenanza de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (sin reglamentar) y la acordada del Poder Judicial, aún no se crearon esos puestos de trabajo. Lo mismo en Tafí Viejo, donde existe una ordenanza aprobada en 2016, sin ser reglamentada hasta la fecha.
Las diferentes normas de cupo laboral que se aprobaron, buscan resolver resolver la necedidad y urgencia de una parte de la sociedad que tiene un promedio de vida que no supera los 35 años, cuando la expectativa para el resto de la población es de 75. “Sigue siendo todo igual a como cuando la gente pensaba que nos iba a salvar la vida un DNI y no fue así. Ya pasaron ocho años de eso y seguimos en la misma. Y seguimos perdiendo compañeras de la misma manera. Sentimos que hay muchas buenas intenciones, pero no hay nada que se haya concretado realmente”.
Por otro lado la referente también se refirió al tratamiento de la Justicia y los medios de comunicación en estos casos. “La forma en la que tratan la realidad travesti trans, en la que se apuran a sacar una novedad nombrando una travesti, minimiza al máximo la realidad de una población que todavía no terminan de entender qué es lo que sucede”.
“Nos siguen tomando como un objeto de demonizante porque siempre estamos ligadas a la delincuencia, a todo lo más bajo que la sociedad nos ha deparado, nos ha abierto las puertas para eso y de ahí no podemos salir”, denuncia Rukone.
Cuando se conoció el travesticidio de Vanesa Solórzano (Rótolo), La Gaceta exponía la versión policial que decía que había intentado robar al taxista cuando recibió una puñalada. Luego se comprobaría que esa versión era falsa y que el taxista era un cliente que, negándose a pagar, había asesinado a la joven de 20 años.
En el reciente caso de Alejandra, testigos dijeron que un hombre se había bajado de una moto y disparado contra Benítez y otro joven. Sin embargo, luego La Gaceta reprodujo la versión del fiscal interviniente Carlos Sale, quien decía que quien había efectuado los disparos era otra mujer trans. Finalmente, tuvieron que cambiar la hipótesis ya que no coincidía con la de los testigos y de la víctima que se encontraba hospitalizada.
“Esto viene pasando y lo peor del caso es que los medios siguen sintiendo que con después rectificar esa información será suficiente. No piensan que hay una familia y amigues por detrás. Hay una persona muerta detrás de esa mala información y todo lo que eso genera en quienes leen”, finaliza Rukone.
