Organizaciones de mujeres y feministas enviaron una carta donde advierten del ajuste que se aplicará sobre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y algunos programas clave para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer y la desigualdad de género, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2019.
El reclamo fue formulado por FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Fundación Siglo XXI, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes) y Cerrando Brechas.
En la carta, dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña; a la directora del INAM, Fabiana Túñez; y a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, y de Familia y Mujer, Alejandra Martínez, señalaron que al INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) se le adjudicará para 2019 un total de 234.394.881 pesos, y “si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior”.
En paralelo, indicaron que el Presupuesto 2019 prevé 32.099.395 pesos para la implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, lo que “implica una reducción en términos nominales del 36%, mientras que en términos reales implica una pérdida del 55%”.
Otro de los puntos consignados tiene que ver con las líneas 137 y 0800-222-1717, a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, que “contarán en 2019 con 301.790.243 pesos”, lo que “en términos nominales es apenas un 2% de aumento, mientras que en términos reales implica una pérdida de 24%”.
Asimismo, “en 2019 el Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen) tendrá 3.658.695.500 pesos”, un monto que “en términos nominales representa una pérdida de un 24%, pero que en términos reales implica una pérdida del 44%”.
Por otro lado, las organizaciones hicieron hincapié en la ausencia de los hogares de protección integral (HPI) entre los objetivos institucionales del presupuesto, “aunque en 2018 se les destinó la mayor parte de la partida destinada al PNA. Sin embargo, no hay información en el proyecto presentado en relación a los avances de las metas de construcción en el 2018 y las que deberán alcanzarse en el 2019.
En la nota, destacaron positivamente las partidas asignadas al Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, “que pasa de 245.506.635 pesos a 560.344.785 pesos en 2019, lo que constituye en términos reales un aumento del 69%”.
A su vez, el Programa de Fortalecimiento de Educación Sexual Integral (ESI) “pasa de 21.852.645 pesos a 102.906.633 pesos”, algo que fue celebrado por las organizaciones.
“Valoramos el reconocimiento que esto implica frente a la masiva demanda social demostrada durante el debate parlamentario de la ley por la legalización del aborto, por mejorar el acceso de los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio del país”, sostuvieron en la misiva.
“Como hemos dicho en otras oportunidades, el presupuesto es lo que revela el compromiso del Estado con las políticas públicas que garantizan derechos. Los derechos no pueden ser garantizados ni las desigualdades transformadas sin presupuestos acordes”, agregaron.
Por último, pidieron a la Comisión de Presupuesto “revisar con detenimiento” todas las partidas previstas para el área, al considerar que “el Presupuesto es lo que revela el compromiso del Estado con las políticas públicas que garantizan derechos”.
