Cuarenta días después de la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza, la Policía de Tucumán vuelve a ser noticia por asfixiar a Ceferino Nadal, un hombre que antes de morir alcanzó a decir lo mismo que George Floyd en Minneapolis: «No puedo respirar». Qué significa este grito desesperado que tiene en Tucumán un raid delictivo cuya protagonista es la Policía. Los antecedentes, lo que se sabe hasta ahora del caso, los pedidos de reforma policial y quién era «Cefe», contado por la periodista Mariana Romero.
Por Mariana Romero, para La Vaca
Cuarenta días después de que una bala destrozara la aorta de Luis Espinoza, un hombre de 43 años corre en pleno centro de San Miguel de Tucumán para escapar de la Policía. Es atrapado, reducido y tirado al suelo. “No puedo respirar”, dice, antes de morir.
Ocurrió el miércoles 24 de junio, a no más de 100 metros de la Casa Histórica. Ceferino Nadal, de acuerdo a los reportes policiales, había sido descubierto hurtando algo en un negocio céntrico y alguien dio la voz de alerta y él se lanzó a correr, seguido de transeúntes y policías. Le quedaban unos 10 minutos de vida.
Lo que sucedió tras su detención es objeto de una investigación penal a cargo de la fiscal de Homicidios, Adriana Giannoni. La funcionaria es reconocida por no mantener complicidad con los casos de abusos policiales, pero le toca actuar en un marco político complicado para la conducción de las fuerzas de seguridad provinciales.
Sin respiro
La desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza (lo atacaron nueve policías en la localidad de Simoca, lo asesinaron y tiraron su cuerpo en Catamarca) no es la única alerta encendida en la Policía de Tucumán en lo que va del año. Entre aquella muerte y ésta, por ejemplo, un cabo de la Guardia Urbana protagonizó una cinematográfica persecución cuando un hombre lo reconoció como quien le había robado $ 180.000, un iPhone y joyas.
Otro caso: días atrás, una mujer de la localidad de Lastenia, Roxana Monteros, radicó una denuncia por delitos sexuales en un operativo en su casa para buscar a su hermano. La mujer señala que abusaron de ella para provocar que el joven saliera a defenderla porque no tenían orden de allanamiento para entrar. Efectivamente, el operativo, realizado por la Regional Este, no provenía de una orden de un juez.
Unas dos semanas antes, un productor rural y su familia fueron tomados de rehenes en su propia casa y, tras un tiroteo con los vecinos, abandonados en el domicilio. De los cerca de siete u ocho asaltantes, varios vestían uniformes policiales. No eran efectivos de la fuerza, pero todavía se desconoce cómo obtuvieron la ropa reglamentaria.
Antes, una familia de la zona de Villa Amalia dejó pasar a personas vestidas como policías que la redujeron, golpearon y robaron. En el medio, estalló el escándalo por uniformados que, en el control limítrofe con Santiago del Estero, dejan pasar (u obligan a pasar) a taxistas que vienen de otras provincias sin permiso para ingresar a suelo tucumano, para luego secuestrarles los autos. Los choferes, en cuarentena y con los vehículos retenidos, terminan llegando a un arreglo con la Fiscalía: una donación al Sistema Provincial de Salud a cambio de cerrar la causa penal en su contra, porque con antecedentes no pueden seguir teniendo licencia.
Y, por último, la frutilla de la torta. El Ministerio organizó cursos de formación para el servicio penitenciario y puso al frente de uno de ellos nada menos que a Enrique Stel, ex funcionario de Seguridad de la Provincia, imputado por delitos de Lesa Humanidad (incluidos abusos sexuales) en contra de 51 víctimas. Y todo esto, en menos de dos meses.
En este contexto, la fiscal Giannoni deberá dilucidar cómo murió Ceferino Nadal. El resultado de su pesquisa, si bien será basado en pruebas científicas, registros fílmicos y testimoniales, influirá seguramente en el (mal) humor social tucumano. Acá, al problema no resuelto de la creciente inseguridad, se suma el de la brutalidad policial. Ambos siguen aportando muertos a una sociedad que no descansa y que vive, muchas veces, con la íntima pregunta diaria “¿hoy me tocará a mí?”.
Los dilemas de la investigación
Según información extraoficial, el informe preliminar de la autopsia que se realizó al cuerpo de Nadal revela que hubo asfixia mecánica pero ¿fue esa la causa de la muerte? La Fiscalía está abocada a interpretar correctamente esa pericia y, para ello, deberá esperar el resultado final, que aportará estudios sobre los tejidos y que completará el panorama.
Porque la alternativa a esa hipótesis es que Nadal murió de un infarto. Una fatalidad que justo el destino tenía preparada para ese día, a esa hora. O más tarde, pero se adelantó por la violencia o el estrés de lo que estaba ocurriendo. Pero Karina Rodríguez, su viuda embarazada de siete meses, dice que Ceferino nunca tuvo problemas cardíacos. “Cefe”, le llama ella, también sus hermanos y sus vecinos. Nunca nadie lo conoció por su primer nombre, Walter. Pero la prensa policial parece no haber investigado mucho sobre el muerto y, a partir de los partes policiales, decidió rebautizarlo con una identidad que nadie nunca usó.
Resulta interesante desmenuzar de dónde salen esas dos hipótesis, aún antes de que se realizara la autopsia. La idea de la asfixia, si bien fue revelada por el diario La Gaceta tras la realización de la pericia, ya circulaba sottovoce desde el día mismo de la muerte. Quizás provenga de los testimonios de la gran cantidad de personas que ese día escucharon a Nadal decir que no podía respirar y de algunos que aseguran haber visto a un policía apretar su nuca con la rodilla, al estilo del homicidio de George Floyd en Estados Unidos.
De inmediato, ante esa versión, comienza a circular la del infarto, proveniente de fuentes policiales. Cualquier uniformado a quien uno le preguntara en esas horas, ya daba la versión del infarto. ¿De dónde salió? Del Hospital Padilla, donde lo atendieron e intentaron revivirlo, no. Ni su historia clínica ni la información extraoficial del personal médico hablan de infarto. ¿Cómo supo la Policía que esa era la causa de muerte antes de la autopsia y sin una certificación médica? Mención aparte merece el hecho de que fuentes sanitarias que estuvieron en contacto con Nadal cuando fue ingresado hablaban, en esas horas, de un “accidente de tránsito”.
Si bien eso no quedó asentado en la historia clínica ¿quién le dijo a los profesionales que la víctima venía de un siniestro vial? Este dato es llamativo y recuerda al brutal homicidio de Facundo Ferreira en 2018: los policías que acababan de vaciar sus cargadores a espaldas de niño de 12 años, y que habían logrado acertarle uno en la nuca, dejaron que el médico del sistema de emergencias creyera que se trataba de un accidente en moto. Así lo trasladó y así lo ingresó al hospital. El balazo se descubrió en una tomografía.
El bueno, el malo y el feo
El ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, había amanecido ese día con el plan de ir al programa de televisión Los Primeros, por Canal 10, con la intención de responder sobre el escándalo de los taxistas y el control limítrofe. Pero, esa mañana, La Gaceta publicó que el resultado de la autopsia a Nadal habría concluido que fue asfixiado por la Policía. En ese contexto, Maley señaló que la investigación no estaba cerrada y quedaba en manos de la Justicia.
Sin embargo, arremetió contra el muerto: “tiene muchos antecedentes delictivos, tiene su prontuario en nuestra Policía de la Provincia con diversos delitos y lo más grave que se puede mencionar es una condena de ocho años a cumplir y, a la vez, tiene problemas de adicciones”, remarcó enérgico. Y luego aclaró: “Cumplió una condena de ocho años, en sus antecedente está ya el antecedente de una condena de ocho años, ya había cumplido”.
Los televidentes estallaron en mensajes cargados de odio y de salvajismo contra Nadal y su familia. El primer paso de la justificación estaba dado: la opinión pública ya no sería unánime como en el caso Luis Espinoza, que destrozó la imagen de la conducción de Seguridad en la Provincia. Ahora había una tabla de salvación: el muerto había sido ladrón. Eso, en la tierra donde señorearon el represor Antonio Domingo Bussi y el ex comisario y triple asesino Mario “El Malevo” Ferreyra, es un salvoconducto para que la derecha más rancia apoye la brutalidad policial. La cúpula de seguridad tiene ahora una tabla de dónde agarrarse: un sector de la sociedad que desprecia a algunos delincuentes y endiosa a otros, como los homicidas Bussi y Ferreyra, por ejemplo.
Lo interesante de las posturas oficiales es que los prontuarios son sacados a relucir como un comodín siempre y cuando no corresponda a un policía. En el caso de Luis Espinoza, por ejemplo, ningún funcionario salió raudo a iluminar a la población sobre los antecedentes delictivos que tenían los uniformados, que iban desde las amenazas, realizar tiros borracho, vejaciones y apremios ilegales, hasta una denuncia pública por homicidio. En ese caso, el “frondoso prontuario” quedó bajo llave y fue revelado sólo por la prensa.
Tampoco, por parte de las autoridades, se realizó un balance sobre el historial de la Policía de los últimos cinco años, de la última década o desde 1970, cuando se sancionó la Ley Orgánica de Policía. Ni siquiera de los hechos de los últimos dos meses. Así, la problemática de la violencia institucional siempre aparece como una seguidilla desafortunada de lamentables hechos aislados. Y, al no haber un balance integral, las soluciones tampoco llegan.
Hace menos de un mes, la cúpula de Seguridad tuvo que dar explicaciones a la Legislatura sobre el estado de la fuerza tras el homicidio de Luis Espinoza. Junto a los parlamentarios, salieron a los flashes de la prensa a declarar con solemnidad que se iba a trabajar en la creación de un organismo de Asuntos Internos independiente de la Policía (el actual gira bajo su órbita), el alumbramiento de una nueva legislación (la actual proviene de leyes vetustas nacidas bajo dictaduras) y una purga en la Policía.
Nada de eso ocurrió. Sí hubo cambios dentro de los mandos superiores de la fuerza, una suerte de rotación de una repartición a otra. Pero de atacar el problema desde la raíz, ni hablar. Mucho menos, de separar de la fuerza a los policías que tienen causas abiertas por homicidios agravados: la mayoría sigue vistiendo el uniforme azul.
Planteado de esta manera el escenario, el 2020 parece encaminarse a ser un año más de promesas de reforma policial. Quizás la suerte futura de la conducción de Seguridad no resida en la posibilidad de que las fuerzas comiencen a obrar de acuerdo a derecho, sino en la eventualidad de que sus víctimas tengan o no antecedentes policiales. Si ocurre lo primero, el hartazgo y la violencia contenida de una sociedad que todos los días está sumando nuevos homicidios en las calles podrá servir de tabla de salvación para la cúpula. Y así, respondiendo con homicidios a los homicidios, con salvajismo institucional a la creciente inseguridad, la provincia seguirá duplicando el problema: a las muertes por la criminalidad se seguirán sumando las muertes por la violencia del Estado. Y entonces, ojo por ojo, la provincia quedará ciega.
