Organizaciones sociales de Tucumán se reorganizan en plena cuarentena para seguir sosteniendo a las poblaciones más vulnerables ante la falta de reacción del gobierno provincial. Entre el Frente Darío Santillán, el MP La Dignidad y el Movimiento Evita de Tucumán gestionan 230 merenderos y comedores populares que comienzan a sentir el desabastecimiento de mercadería. A pesar de todos los obstáculos, se ponen al frente de tres batallas: contra el coronavirus, el dengue y el hambre.
Por Sebastián Lorenzo Pisarello y Carlos Díaz para APA PRENSA
Yamila vive en el Barrio El Sifón con su mamá, que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), y con su hermana. Ninguna de las tres tiene trabajo, el único ingreso es el cobro de $ 8.500 del Salario Social Complementario. Con la cuarentena no la están pasando nada bien. Tienen miedo del hambre y de la policía, que detuvo a más de 1200 personas por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio en Tucumán.
Sus temores son los mismos de miles de personas en la provincia que están sufriendo la cuarentena. Son los desocupados y desocupadas, trabajadores informales y de la economía popular a las que los estados provincial y nacional aún no logran alcanzar con las políticas públicas inmediatas. En las barriadas populares, la cuarentena se sobrevive con angustia.
En Tucumán, el 40% de la población medida por el Indec (es decir, alrededor de 900.000 habitantes que vive en el Gran Tucumán) es pobre. Se trata de 251.683 hogares. El 6% de la provincia está bajo la línea de la indigencia, mientras que la desocupación sube a un 11% entre la población activa y el trabajo informal, a un 45%. Hoy miles de familias tienen que enfrentar no uno sino tres temores simultáneos: la pandemia del coronavirus, el dengue y el hambre.
El gobierno de Juan Manzur anunció que las 110 cocinas comunitarias, 35 comedores y 34 Centros de Cuidado y Nutrición Infantil (CCNI) seguirán trabajando durante el aislamiento. Además, el 16 de marzo confirmó que en 519 establecimientos educativos seguiría funcionando el comedor escolar, mediante el sistema de entrega de viandas establecido por prevención. Sin embargo, esto no cubre las necesidades que ya empiezan a ser emergencias en las barriadas más populares.
“El Estado y los gobiernos deben estar alertas y atender sin represión y con prevención integral esta situación. Se necesitan medidas urgentes y progresivas para frenar situaciones de mayor gravedad”, plantea Hugo Heredia, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) regional Tucumán.
El Frente gestiona en Tucumán 115 merenderos y comedores para los cuales el gobierno nacional aún no envió la mercadería correspondiente a marzo. Tampoco hay un refuerzo de emergencia alimentaria desde el gobierno provincial. “Estamos desabastecidos en nuestros merenderos y comedores. Solo en algunos entregamos algo de meriendas pero el gobierno provincial no nos responde el teléfono. Tiene ayudas sociales que no se están entregando y está totalmente pasivo en términos sociales frente a la crisis que estamos viviendo”, recalcó Heredia.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) aglutina a unas 6.000 personas en Tucumán. Según relevamientos internos de la organización, de ese total, unas 2.000 personas no reciben ningún tipo de ayuda social. Sin embargo, no todas podrán cobrar el subsidio anunciado por Alberto Fernández. En el primer día de preinscripción al subsidio, más de 10 millones de personas ingresaron al sitio web de Anses y se anotaron más de 500 mil.
“Creo que las medidas del gobierno nacional están bien. Lo que falta es atención con los elementos de resguardo del virus en los barrios periféricos. El gobernador Manzur aparece entregando barbijos y alcohol en gel, pero es para la propaganda, para la televisión nomás”, denunció Vicente Ruiz, referente de la CCC y del Sindicato de Municipales de Aguilares.
“Hemos elaborado un listado de más de mil compañeros para recibir los 10 mil pesos anunciados por el gobierno nacional. Muchos fueron dejados sin trabajo en la fábrica de Alpargatas, y en Anses todavía siguen en relación de dependencia porque el patrón no les dio de baja. Algo similar pasará con obreros rurales que recibieron el interzafra y que no podrán acceder. Se están haciendo tratativas a nivel nacional porque son miles de casos”, planteó.
Justamente en Aguilares el miércoles hubo una asamblea de casi 140 trabajadores de recolección, barrido, defensa civil y una obra que están haciendo de CAPS en el viejo hospital de Aguilares. Tomaron esa decisión porque seguían en funciones precariamente, sin elementos básicos de prevención. El jueves ya les dieron mameluco, barbijo, guantes y un adicional de 1.500 pesos.
La economía popular
En Tucumán, el Movimiento Evita cuenta con casi 65 merenderos distribuidos en la capital y en el interior de la provincia. En esta cuarentena, algunos están cerrados porque no tienen mercadería. “Estamos ya desabastecidos”, lamentó Iván Novillo, referente del Movimiento. “Lo que más me preocupa es el hambre. La situación es desesperante, en algunos barrios no hay para comer. La poca plata de los compañeros ya se la gastaron. Hay gente de la economía popular que viven de las changas y no puede trabajar por esta situación”.
En momentos de crisis, las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental. Están donde el estado no llega, son espacios de contención social fundamentales, primeros nexos de sociabilización y organización territorial. “Es muy seria la situación, somos conscientes. Necesitamos que el Estado nos brinde las herramientas para llevarle comida a la gente. Necesitamos bancar a los sectores más humildes”, expresó Novillo. E informó que “hoy (sábado 28 de marzo) están llegando fondos de la provincia para asistir a merenderos y comedores. Es un esfuerzo muy grande del gobierno provincial en un contexto de crisis económica”
El Movimiento Popular La Dignidad, otra organización social que realiza un trabajo territorial en la provincia, maneja unos 40 merenderos y 10 comedores que atendían antes del coronavirus a unas 4.000 personas en la provincia. Siguen funcionando aunque con otra modalidad. Ya no reciben a la gente sino que le entregan comida para que la lleven a la casa. No pueden dar carne ni menúes variados: no tienen mercadería.
“Vivo en Los Ralos. Acá tenemos un comedor al mediodía y un comedor de noche en las vías. El gobierno no nos envía mercadería. Tenemos que salir a comprar o buscar donaciones. Llegan ancianos y niños con tupper a buscar comida. Si antes pedían para 3 ó 4, ahora piden para 7 u 8”, indicó Mercedes Leguizamón, referente del MP La Dignidad. Denuncian que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia les debe 2.500 módulos alimentarios compuestos, entre otros productos, de harina, azúcar, arroz, aceite, fideos y yerba.
“Estamos muy preocupados. Trabajamos con gente muy humilde. Los trabajadores de la economía popular amasan pan, son artesanos, trabajan en la calle, muchas son reposteras. Esta situación preocupa a la comunidad”, manifestó Leguizamón. En su tono hay intranquilidad y un dejo de angustia. Es que el hambre se siente en la boca del estómago, ahí donde también los nervios suelen jugar malas pasadas.
Pero a la falta de comida se suma otra inquietud: la ausencia total de elementos de higiene. “Hicimos una nota al gobierno provincial solicitando esos elementos. Pedimos alcohol en gel, lavandina, guantes, barbijos. Tampoco recibimos. Cuando el virus llegue a la gente humilde, esto será un tendal. No hay elementos de prevención”, advirtió la referente social. Y fue categórica: “El gobierno no nos atiende el teléfono y la gente se está muriendo de hambre”.
En ese mismo sentido se pronunció Omar Díaz, también referente del MP La Dignidad Tucumán, quién reclamó que el gobierno provincial hace “política” con organizaciones amigas y deja a las demás sin respuestas.
Jóvenes en situación de adicciones
El Barrio Los Vázquez queda al sur de la capital tucumana, en diagonal al Mercofrut, principal mercado frutihortícola que abastece a las verdulerías de la provincia. Vecinos y vecinas, con la iniciativa del grupo “Con esperanza nos fortalecemos”, se juntaron para destrancar las aguas estancadas en las calles de ripio. Además de la pandemia, tienen miedo al dengue que no cesa. Limpiaron ellos mismos las calles para evitar una enfermedad pero se exponen a otra. Lo hicieron ante la falta de políticas del gobierno en la zona. Además del hambre que ya empieza a ser desesperante, también necesitan elementos de higiene para afrontar las enfermedades.
“Con esperanza nos fortalecemos” es un grupo de jóvenes que integra un dispositivo de recuperación de adicciones, asistido por un equipo técnico de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social. Sus técnicos recibieron la orden de no ir a los barrios mientras dure la cuarentena. Sin embargo, siguen organizándose a través de whatsapp para sostener a los chicos y chicas.
Así, lograron reorganizar el merendero de Los Vázquez para que se puedan retirar las viandas. “Nuestro objetivo simbólico es mostrar organización en contraposición al aislamiento que ayuda a calmar ansiedades, ya que en los barrios pobres la sensación de estar abandonados genera mucha angustia. Pero hay que ir paso a paso porque las medidas del gobierno nacional son acertadas hasta ahora y hay que evitar generar pánico. Es clave que mantengan la organización para visibilizar la situación particular de sus condiciones de vida”, expresó Emilio Mustafá, psicólogo de la Secretaría.
En este sentido, planteó que falta educación y prevención comunitaria. “El gobierno preparó el sistema de salud para recibir a la población y la seguridad para enviar a los barrios, que entran con modalidad represiva. Yo no digo que no tenga que actuar seguridad. Tiene que estar para reforzar cuando la situación así lo exija. Pero primero hay que trabajar la educación sanitaria, algo que podemos hacer los psicólogos, trabajadores sociales, etc. Es difícil desde ya que los changos del barrio acepten la norma rápido. Por eso hay que pensar otras estrategias de abordaje porque en la cotidianidad ven a un poli y no lo reciben bien”, planteó Mustafá. Y propuso: “Si hay trabajo previo entre los equipos territoriales con las organizaciones sociales se puede llegar de otra manera”, expresó.
En las zonas más pobres saben que si el coronavirus entra, puede ser mucho más peligroso que en otros lugares. La gente está sin plata y no puede salir a trabajar. Y, si lo hace, la policía responde con golpes. Por eso militan la cuarentena mientras planean estrategias para no aislarse y coordinar una respuesta colectiva ante una crisis inusitada.
