Por Fabiana Cruz
Se dictaron las sentencias por el caso de la ambientalista indígena, defensora de Derechos Humanos y feminista Berta Cáceres, asesinada a balazos el 2 de marzo del año 2016 mientras dormía en su casa de La Esperanza, Honduras.
Fueron condenados 7 de los 8 acusados por el crimen de la líder hondureña. El Tribunal encontró como culpables y coautores de asesinato a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz y Douglas Bustillo, como coautores en grado de tentativa a Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, mientras que Emerson Duarte fue absuelto por falta de pruebas.
La mujer se había enfrentado a un proyecto hidroeléctrico que iba en contra de los derechos del territorio indígena lenca. El proyecto le pertenece a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que había logrado imponerse en la zona gracias a la intervención de militares, responsables de herir y asesinar a otros miembros de la comunidad lenca.
Cáceres era coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y había denunciado una semana antes de morir, el asesinato de cuatro compañeros activistas y también las amenazas que muchos de su entorno, además de ella, estaban recibiendo.
Irregularidades en el proceso judicial
El proceso judicial estuvo signado por una serie de irregularidades que fueron denunciadas por la familia de Berta. En primer lugar, no se les permitió tener un observador durante la autopsia, evidenciando así la arbitrariedad y falta de claridad en el proceso.
La familia también denunció que durante el juicio se les negaba información constantemente y tampoco se les notificaba acerca del avance de la causa o de las detenciones de los imputados. Tampoco se les permitió la acusación privada, por lo que debieron ser representados por el Ministerio Público, el cual no admitió la introducción en la causa de una investigación realizada por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas conocido como GAIPE. Dicha investigación, demuestra que el asesinato de Cáceres comprendió una estructura que planificó, financió y ejecutó el asesinato, estructura en la que están implicados funcionarios del Estado hondureño y altos directivos de DESA como autores del crimen.
Laura Zúñiga, hija de Berta, fue la única en poder hablar ante el Tribunal, denunciar la exclusión que les hicieron en todo el proceso y pedir justicia por su madre. En su declaración explicó que no solo DESA es responsable sino también el Estado hondureño por la desprotección que tuvieron con Cáceres a pesar de las denuncias que la mujer había realizado. Así también, los culpó por el cuerpo militar que utilizaron para reprimir y perseguir a los lenca.
Quienes han sido juzgados son los autores materiales del homicidio y cómplices, entre ellos personal vinculado a la empresa DESA y miembros militares. Los autores intelectuales, siguen impunes.
Es por ello que diferentes voceros de organismos que vienen acompañando el caso, han anunciado desde antes de la sentencia, que en este proceso no se efectivizaría una justicia integral y real para Berta ni para el Copinh. Y que, por lo tanto, seguirán luchando y demandando al Estado para que se juzguen a todos los culpables del asesinato de la líder.
Quién era Berta Cáceres
“Yo soy lenca, soy indígena”
La trayectoria de la activista es muy larga, pero se puede destacar su liderazgo en la comunidad lenca, el cual logró la organización para la defensa de los territorios ancestrales de esta comunidad que es la más numerosa de las 8 que existen en Honduras.
En 1993 cofundó el Copinh, que le permitió a la comunidad mejorar su calidad de vida, interiorizarse sobre sus derechos y organizarse para defender la comunidad ante los grupos que querían atropellar los derechos indígenas con fines comerciales.
La ambientalista, detestaba que se relacione al/la indígena con la ignorancia. Demostró que podían enfrentar a cualquier grupo con poder, como lo hicieron contra DESA, para frenar el daño inminente que causan las represas en los pueblos.
Tuvo una enorme lucha en la defensa de los recursos naturales, oponiéndose a concesiones mineras y a proyectos que atentaban contra el medioambiente. Como reconocimiento, en el año 2015 recibió el premio Goldman, el más importante a nivel mundial en materia ambiental.
Berta Cáceres creó también un albergue para mujeres víctimas de la violencia de género y conformó un área dentro del Copinh por los derechos de la comunidad LGBT.
La líder hondureña tenía 46 años al momento de ser asesinada y dejó 3 hijas y 1 hijo que continúan al día de hoy su legado activista.
Contexto
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comenzó a darle acompañamiento a Berta Cáceres desde el año 2009 cuando se solicitaron medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puesto que la activista se encontraba en riesgo debido a las amenazas por su lucha ambiental.
Cuando Cáceres murió, la CIDH extendió la medida a los familiares y a la Copinh.
La ONG Global Witness, señaló que desde el año 2010 más de 120 activistas han sido asesinadas/os en Honduras, por lo que se constituye como el país más peligroso del mundo para activistas.
