En el marco del debate por la legalización del aborto, se constituyó en Tucumán la Red de Profesionales de la Salud por la Vida y el Aborto Legal. Desde la cobertura colaborativa #TucumanPorAbortoLegal de La Nota, APA y Radio B, conversamos con integrantes de la red, donde explicaron su postura a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
La red está conformada por médicos y médicas de diferentes áreas de la medicina, psicólogos y psicólogas, enfermeros y enfermeras, obstetras, trabajadores sociales, auxiliares, y otros trabajadores de la salud. Desde la red, entienden que esta problemática se constituye como central para la Salud Pública, considerando fundamental sentar un debate “éticamente responsable y fundado en evidencias provenientes del campo científico y de la experiencia concreta, excediendo dogmas religiosos y creencias personales”, explicó la psicóloga Guadalupe Iglesias.
Susana Martinez, expresó, como profesional de la salud mental, “que no existe el trauma post aborto. No está reconocido ni fundamentado en ninguna sociedad científica de ningún lugar del mundo. Es, como muchos de los argumentos antiderechos que circulan, para dar miedo. Lo que si existe es el malestar de una mujer por haber abortado en la ilegalidad e inseguridad”.
“El debate que tenemos por delante no se enmarca en la polaridad aborto sí o aborto no”, expresaron, “sino en continuar sosteniendo al aborto en la clandestinidad o lograr que el estado garantice la seguridad en esta práctica”.
“El debate de esta ley ha dividido la opinión publica y la opinión médica”, explicó José Gigena, médico tocoginecólogo. “Dentro de lo que es la especialidad mía, la mayoría de los médicos están a favor de la legalización. El 71% de los ginecólogos asociados a la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires está a favor de la legalización de aborto”.
Por su parte, Guillermo Golcman, ginecólogo, expresó que “la legalización disminuye la cantidad de abortos y la cantidad de muertes de mujeres gestantes. Es una discusión de Salud Pública, y como lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, hay evidencia contundente a nivel mundial de países donde se legalizó el aborto, disminuyó drásticamente el número de abortos”.
“En los países donde la práctica está regulada, entre el 73 y el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se resuelven médicamente, con misoprostol. El problema de la ilegalidad es que el misoprostol, que tendría que costar 10 pesos, pasa a salir 300 pesos, por lo que las mujeres pobres, al no poder pagarlo, acceden a prácticas inseguras”. Golcman aclaró que a nivel presupuestario también disminuirían los costos en el sistema de atención pública. “Ninguna interrupción necesita internación, por lo que no son camas, que son camas que si se necesitan para tratar a las mujeres que vienen infectadas por abortos clandestinos”, sostuvo.
“El proyecto de ley apunta a visibilizar una problemática que existe, y a través de la legalización se abren canales en relación a la salud publica donde las mujeres, por ejemplo, van a poder recibir atención pre y post aborto, entendiendo que salud es un concepto integral, y que no solo tiene que ver con la salud física”, señaló Iglesias.
Desde la Red anunciaron que presentarán un petitorio en la Cámara de Sanadores senadores para que se apruebe la ley tal cual fue aprobada en la Cámara de Diputados.
A nivel nacional, en 2014 se conformó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que creó el 28 de mayo de 2014 en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres impulsada desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Al día de hoy la componen más de 600 profesionales de la salud de diversas disciplinas a lo largo de todo el país.
