Este juicio constituye la tercera parte del universo procesal de la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán”. Juzga la responsabilidad penal de 25 exmilitares y expolicías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos contra 232 víctimas, durante el terrorismo de Estado.
El viernes pasado se llevó adelante en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, la tercera jornada de alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Pablo Camuña y Valentina García Salemi.
“Estamos transitando la fase final de los alegatos de la fiscalía. En estos momentos continuamos con la exposición de cada uno de los 232 casos, con las pruebas producidas durante el debate (principalmente testimonial y documental incorporada), y de cómo a través de esa prueba se ha logrado comprobar los hechos ilícitos que sufrieron las víctimas de este juicio de mano de los acusados”, dijo García Salemi a La Nota.
Jefatura III es el decimoquinto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. La lista de acusados incluye a los exmilitares Camilo Ángel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel D’ursi, Luis Rolando Ocaranza, José Roberto Abba, Luis Edgardo Ocaranza y Augusto Leonardo Neme.
Los demás imputados, pertenecientes a la Policía de Tucumán, son Ricardo Oscar Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Miguel Ángel Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, María Luisa Acosta de Barraza, Antonio Vercellone, Ramón Jodar, Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Benito Acosta, Miguel Ángel Nieva, Miguel Ángel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Gregorio Zárate, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco, Juan Carlos Soria y Luis Rolando Ocaranza.
La fiscal señaló que la alocución del MPF va a continuar el 5 de agosto, “cuando se concluirá con la exposición y la calificación legal de cada uno los casos, es decir, cómo se subsumen en los tipos penales que estaban vigentes a la fecha que fueron cometidos los delitos de lesa humanidad, que se ventilan en este proceso”.
Luego se espera otra jornada, el TOF deberá informar la fecha, “momento en que se llevará adelante las acusaciones individuales de los imputados”, agregó
García Salemi consideró que “es muy importante que se escuchen los casos, para que se sepa cuáles son las pruebas y como se lograron acreditar los delitos aberrantes que se cometieron contra cada una de las víctimas de este debate oral y público, que arrancó en mayo del año pasado dentro de un proceso complejo como lo son este tipo de megacausas, y que sin dudas son históricas y necesarias”.
Los delitos que se les imputan a los acusados de este juicio son: violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados, cometidos principalmente en el centro clandestino de detención (CCD) “Jefatura de Policía de Tucumán” y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que operaba en ese lugar, y en el ex ingenio “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército Argentino.
Esos delitos fueron cometidos en perjuicio de 232 víctimas, de las cuales más ochenta continúan desaparecidas, y solo dieciocho fueron identificadas. Diecisiete de las identificaciones se produjeron en la fosa de inhumación clandestina Pozo de Vargas, y una en el cementerio de Choromoro, una localidad ubicada al norte de la provincia.
En la apertura de los alegatos, que tuvo lugar en el mes de junio de este año, el fiscal Pablo Camuña indicó, que a lo largo del juicio declararon “213 testigos, se incorporaron 75 testimonios de otros juicios y otros 90 por lectura”. En cuanto a la prueba documental enumeró: “se presentaron 107 habeas corpus, 67 legajos de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), 86 legajos de la Bicameral legislativa tucumana (creada para investigar estos delitos), 50 denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos, instituciones religiosas, etc, 17 denuncias en instancias del poder Ejecutivo”.
Además, se refirió a un documentación que ocupa un lugar central en esta investigación y en anteriores, la cual fue extraída del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) del Departamento de Informaciones (D2) que funcionaba en la Jefatura, por el testigo de causa anteriores Juan Carlos “El Perro” Clemente.
Clemente era militante de Montoneros, específicamente del Movimiento Guerrilleros Peronistas, cuando fue secuestrado en junio de 1976 en la localidad de Río Seco, primero fue llevado a Nueva Baviera y trasladado en agosto de ese año a la Jefatura. También fue llevado al centro clandestino montado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, a Salta y nuevamente a Jefatura, donde lo obligaron a firmar un documento que decía que formaba parte de la policía, y a cumplir órdenes.
Cuando el CCD se empezaba a desmontar, 1977 y 1978, Clemente guardó en su pantalón los documentos que fue llevando de a poco a su casa. Los escondió en el patio y luego debajo de su cama en una construcción que hizo de material. Los mantuvo guardados hasta el 2007 que los presentó ante el TOF. La declaración de Clemente junto a la de otro testigo, Juan Martín Martín, permitieron conocer el funcionamiento de la Jefatura como CCD.
Dicha documentación está compuesta por dos carpetas. La “Carpeta Uno” tiene 96 fojas, mientras que la “Carpeta Dos” 162 fojas. Una de las carpetas contiene una lista titulada como “Índice de delincuentes subversivos” , que consiste en un listado de 300 nombres de personas secuestras y a su lado está marcada la decisión (que los represores) tomaron en relación con ellas, es decir, si las dejaban en libertad, si se las ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o si le aplicaron lo que llaman ‘Disposición Final’ (identificada con la sigla DF), que significaba la ejecución extrajudicial de las personas y el ocultamiento de su cadáver. Son un total de 134 víctimas de este juicio las que figuran en esa lista.
En las carpetas también se encuentran otras listas donde figuran víctimas de esta causa, además de otras documentaciones como fotos y notas del archivo de inteligencia, y manuscritos con declaraciones, que los investigadores sostienen que fueron obtenidas bajo torturas para sacar información y secuestrar a otras personas.
El fiscal sostuvo que esta documentación “tiene un valor relevante”. A través de las listas se pudieron identificar a víctimas que hasta el 2005, ya iniciada la investigación de la causa, no había nunca denunciado lo que les había sucedido. Las carpetas fueron “la primera fuente de validación, permitieron llegar a condenas”.
