En menos de un año y sin exponer a la niña a un proceso judicial de fuerte impacto público, la justicia definió una sentencia que roza la máxima para el abuso sexual agravado. Las organizaciones Andhes y Cladem reclamaron que se avance con el juzgamiento a los responsables estatales de las torturas contra Lucía, a quién le obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo durante casi un mes. Además, exigieron el cierre de la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, quienes le garantizaron la ILE.
Lucía tenía 11 años cuando la pareja de su abuela abusó sexualmente de ella. Producto de esa violación, la niña resultó embarazada y durante casi un mes debió sortear numerosos obstáculos y dilaciones por parte del Estado que buscó forzarla a parir. A casi un año del hecho, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”. La máxima tipificada en los casos de abuso sexual agravado son 20 años. La pena será de cumplimiento efectivo en Villa Urquiza.
La audiencia se desarrolló en la Sala V de debate oral penal a cargo de los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez. El Juicio Abreviado es un instituto procesal pensado para agilizar el sistema penal, que puede utilizarse cuando existe prueba contundente en contra del imputado y este acepta su culpabilidad en el hecho del que se lo acusa. En este caso, la sentencia tuvo el aval de Estela Velia Giffoniello, Fiscal de cámara penal de la Vta Nominación, y la defensa técnica.
“Sol” (se resguarda su verdadera identidad para proteger a la niña), madre de Lucía, pidió la palabra y solicitó la pena máxima para el acusado porque “causó un daño tremendo y le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y toda mi familia”.El acusado se declaró culpable pero no pidió disculpas por el daño ocasionado. Lucía fue representada y acompañada por las organizaciones Andhes y Cladem.
“No hay pena que pueda borrar el daño que sufrió Lucía pero entendemos que éste juicio abreviado con una condena que roza la máxima tipificada fue la mejor opción para proteger a la niña que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos. También muestra que había pruebas irrefutables y contundentes de la culpabilidad del acusado. Es importante remarcar la celeridad con la que actuó la justicia: en menos de un año, el abusador de Lucía fue sentenciado”, indicaron Emilio Guagnini, de Andhes, y Celia Debono, de Cladem.
Desde las organizaciones recalcaron el pedido presentado al Tribunal Penal de que se haga seguimiento de la condena con la premisa de cuidar a Lucía, que la pena sea de cumplimiento efectivo y que la sentencia incorpore medidas para garantizar la no repetición de este delito.
“También solicitamos que la justicia recomiende al Poder Ejecutivo que tome todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia hacia las niñas y niños, como campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes – en particular sus derechos a vivir una vida libre de violencias, a gozar de sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos-, campañas de visibilización, sensibilización y prevención de la violencia sexual hacia niña y niños y educación sexual integral, acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva para niñas, niños y adolescentes”, expresó Florencia Vallino, abogada querellante de Andhes.
Así lo definió el Tribunal, que además dictó medidas de reparación a la niña y solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para Lucia, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. Además, instó al PE a realizar relevamientos sobre abuso sexual infantil, desarrollar campañas contra la violencia hacia las mujeres con protocolos de denuncias en toda la provincia, en especial en 7 de abril, con perspectiva de derechos humanos y género.
En este sentido, desde las organizaciones concluyeron que “el Estado debe asumir un rol activo en la prevención de la violencia sexual hacia las niñas y niños. No se trata de un hecho aislado: este tipo de violencia es una de las representaciones más claras de que vivimos en una cultura patriarcal y machista que alienta a los hombres a creer que tienen el derecho de controlar la sexualidad de las mujeres. Por eso, resulta imprescindible deconstruir éstas prácticas para que las niñas y niños puedan crecer libres de violencias”.
