Esta mañana, el Ministerio de Hacienda anunció tres medidas de ajuste fiscal. Entre ellas, la eliminación del Fondo Federal Solidario, que coparticipaba a las provincias el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja.
El Gobierno nacional anunció este martes la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS), conocido como fondo sojero, que implicará un duro golpe en las arcas de 22 de las 24 provincias.
El FFS coparticipaba a las provincias el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja. El gobernador, Juan Manzur, afirmó que “preocupa” la decisión tomada por el presidente Mauricio Macri por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
“Esta entrada para la provincia representaba más de $1.200 millones que eran distribuidos en todos los municipios y comunas”, afirmó el primer mandatario y agregó: “este recorte afecta a toda la provincia independientemente del signo político”. Según los cálculos realizados por el diario La Nación, el ajuste sería de $1675 millones.
El FFS fue creado en 2009 con la finalidad de transferir recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a los municipios para financiar obras y adquirir equipamiento. Estaba enfocado en acrecentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población.
La provincia recibe $1.200 millones de forma anual. El 30% (unos $360 millones) de esa cifra era destinado a municipios y comunas, de la cual la Capital tucumana recibía $180 millones. En lo que va de 2018, Tucumán recibió $700 millones del Fondo Sojero. Con la firma del DNU recibirá $500 millones menos este año.
Por su parte, el secretario de Atención de Urgencias Sociales del municipio de San Miguel de Tucumán, Federico Masso, remarcó desde su cuenta en Twitter, que el FFS “llegaba a las provincias para obras de infraestructura y compra de equipamiento. Algo sencillo deducir: menos obras, menos empleos a una realidad que ya es muy dura y cruel en el norte argentino. El Gobierno debe dar marcha atrás a este decreto”.
