El acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), garantizado por la Ley 27.610 desde 2021, sigue siendo una promesa incumplida en muchas provincias del país debido a la falta de distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para garantizar el aborto.

A raíz de esta situación, diversas organizaciones vienen desplegando estrategias – tanto judiciales como territoriales- para que el Estado cumpla la ley. En este contexto, a comienzos de 2025 la Asociación Civil La Ciega presentó una acción colectiva contra el Ministerio de Salud de la Nación, por su falta de acción en la adquisición y distribución de misoprostol y mifepristona, los medicamentos esenciales para realizar abortos seguros en el sistema público de salud.

Finalmente, casi un año después -y con muchas idas y vueltas- el Ministerio de Salud de la Nación publicó oficialmente que se encuentra en trámite la acción judicial colectiva “Asociación civil ‘La Ciega’ c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ prestaciones médicas”, que se tramita ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata.

“Esta causa judicial tiene varios meses de trámite. Las medidas de publicidad para que todas las personas interesadas conozcan este proceso colectivo —la publicación en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Salud— fueron ordenadas por la Justicia y luego cuestionadas por el Estado. Eso fue apelado en varias oportunidades; finalmente, se ordenó la publicación”, explicó Lucía de la Vega, abogada del CELS.

Esto significa que todas las personas gestantes que se consideren afectadas por la falta de insumos para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o simplemente interesadas en el proceso puedan presentarse y participar de la acción colectivo. El plazo para hacerlo es de treinta días corridos desde el 4 de febrero, contados desde el primer día hábil posterior a la última publicación oficial del aviso en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

Pueden sumarse todas las personas gestantes que accedan o puedan acceder a una IVE en el sistema de salud pública del país y que consideren que esta causa judicial puede impactar en el ejercicio de su derecho. No es necesario formar parte de ninguna organización para intervenir en el proceso, aunque las organizaciones son bienvenidas.

Para recibir asesoramiento sobre cómo presentarte o presentar tu organización, podés escribir a consultas@cels.org.ar.

Las observaciones finales de la CEDAW: un llamado de atención al Estado argentino

En febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU concluyó su examen del informe periódico de Argentina y adoptó sus observaciones finales sobre el cumplimiento de la Convención —un informe crítico que pone foco en retrocesos estructurales en derechos de las mujeres y diversidades.

El Comité expresó preocupación por barreras persistentes en el acceso al aborto legal y seguro, a pesar de la existencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610). Entre esas barreras identificó, falta de insumos esenciales, como misoprostol y mifepristona, que son fundamentales para garantizar interrupciones con medicamentos seguras y recomendadas por la evidencia médica internacional, escasez de personal capacitado y equipamiento adecuado en varios puntos del país, uso abusivo de la objeción de conciencia que impide la prestación efectiva del servicio en unidades de salud.

“El Estado nacional abandonó su rol de rectoría en salud sexual y reproductiva: paralizó la distribución de insumos para acceder al aborto, recortó anticonceptivos, y dejó en manos de las provincias responsabilidades sin mecanismos de transición, profundizando las desigualdades territoriales y poniendo en riesgo el acceso al aborto legal”, señaló de la Vega.

El Comité vinculó estos obstáculos con un aumento en los riesgos de mortalidad materna, especialmente por causas obstétricas directa, y pidió asegurar la accesibilidad real de los servicios.

Estos puntos reflejan preocupaciones igualmente documentadas por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña GQUAL, la red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI,) la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Asociación por los derechos civiles (ACDH), quienes alertaron sobre el desmantelamiento de políticas públicas específicas, el vaciamiento institucional de los organismos de género y diversidad, y el fuerte recorte presupuestario que limita el derecho a vivir una vida libre de violencia de género. 

El Comité expresó preocupación por el déficit estructural vinculado al embarazo no intencional en la adolescencia y su impacto directo en las trayectorias escolares de niñas y adolescentes, incluido el abandono escolar, y consultó al Estado argentino sobre la vigencia del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). En su respuesta, el Estado cuestionó la efectividad del Plan y sostuvo que la reducción del embarazo adolescente se produjo en todo el país y no solo en las provincias donde se implementó. Esta afirmación desconoce las profundas desigualdades territoriales: en provincias del NOA y del NEA las tasas de fecundidad adolescente históricamente se ubicaron muy por encima de la media nacional, razón por la cual el ENIA focalizó su intervención en esos territorios. De hecho, tras su implementación se registraron descensos significativos en provincias priorizadas, como Formosa (del 21,8% al 14,36%) y Chaco (del 20% al 13,08%).

Además, el Comité instó al Estado argentino a que en un plazo de dos años entregue información por escrito sobre cómo ha implementado las recomendaciones prioritarias formuladas, entre ellas asegurar el acceso al aborto legal y seguro y fortalecer las políticas de prevención de violencia de género y educación sexual integral.

Cómo presentarse en la acción colectiva

Para presentarse en la causa, quienes deseen adherir pueden hacerlo siguiendo las pautas de presentación que se asesoran desde el CELS a través del correo consultas@cels.org.ar, donde también se puede solicitar un modelo de presentación para facilitar la intervención en el proceso.

La prueba central en la causa incluye expedientes oficiales del Estado nacional que demuestran la falta de compra, distribución y disponibilidad de insumos farmacéuticos y otros elementos indispensables para implementar plenamente el derecho previsto por la Ley de IVE. Esto incluye, por ejemplo, la paralización en la adquisición de misoprostol y mifepristona, y la falta de coordinación efectiva con las provincias en el marco del COMEFI (Comité Federal de Salud).