Vecinos de la colonia Chazal, San Pablo, difundieron fotos y videos para denunciar nuevamente agresiones por parte del grupo Lucci a cargo de los countries de las zonas. En las imágenes se puede ver a un vecino ensangrentado con un golpe en la cabeza y videos de topadoras de la zona para avanzar con el proyecto de San Pablo Country & Golf.
“En estos momentos nos está atacando la seguridad del Country San Pablo Golf por orden de los duelos del grupo Lucci. Están lastimaron a la gente, rompieron los celulares para que no se filme, fueron a agarrar la cancha de nuestro club, que esta bajo amparo judicial, le pasaron las maquinas, ellos quieren hacer el camino por ahí” señalaron en una publicación de Facebook de los vecinos.
Estos ataques se combinan con la privación de agua potable para desviarla a las 14 lagunas que ostenta el country San Pablo. El conjunto de estas acciones tienen como fin que las familias de Chazal abandonen el lugar y así el grupo Lucci extienda los countries.
Desde el 2017, el grupo Lucci decidió cerrar definitivamente la calle interna del country que conectaba a las colonias norte y sur, por lo tanto los habitantes solo pueden ingresar a sus casas por alguna de las dos porterías de acceso del country.
Los vecinos denuncian desamparo por parte de la Comisaría de San Pablo ante los ataques de los guardias de seguridad .”Estamos solos la comisaria de San Pablo, dicen que tomaran la denuncian y que no pueden hacer nada mas. Que no saben que hacer con la gente dueños del countries” contaron los vecinos.
“Estamos desamparados totalmente a merced de estos empresarios, que siguen de fiesta en sus salones los fines de semana. A ellos nada ni nadie puede detenerlos, son poderosos. La policía de San Pablo, solo acude a los llamados de los dueños del countries. Ellos no responden a Chazal solo al grupo Lucci” concluyen.
En 1996 Rocchia Ferro vendió las tierras al grupo Lucci y el cañaveral abandonado progresivamente fue reemplazado por plantaciones de limones. Al año siguiente los Lucci comenzaron con las acciones judiciales. Después de años de conflictos y promesas incumplidas por la Legislatura y el Ejecutivo, nunca se concretó ningún plan de reubicación y las familias viven con la incertidumbre de un desalojo.
