Desde el Comité de América Latina y el Caribe publicaron un comunicado repudiando la denuncia que realizó el legislador José Ricardo Ascárate (Unión Cívica Radical), quien apuntó contra el implante del chip anticonceptivo en adolescentes del Instituto Goretti. Luego de eso, se refirió a posibles situaciones de abuso sexual sufridas por adolescentes que se encuentran institucionalizadas.
“Desde Cladem miramos con preocupación el abordaje comunicacional y también la denuncia realizada por parte del legislador las cuales ponen el foco en los métodos anticonceptivos (implantes subdérmicos nombrados como “chip”) y no así en los presuntos abusos sexuales sufridos por las adolescentes del Dispositivo de Cuidado Institucional (DCI) Goretti ya sea dentro o fuera de la institución”, expresaron desde la organización.
En los medios se conoció una denuncia realizada por el legislador @jrascarate sobre situaciones de violencia sexual sufridas por adolescentes q se encuentran institucionalizadas en el DCI Goretti y el título de la nota periodística fue“Denuncian q implantan chips anticonceptivos" pic.twitter.com/xKVZelvWNX
— CLADEM Tucumán (@ClademTuc) April 11, 2022
Ascárate se refirió al método anticonceptivo como “esterilización química” y realizó una presentación sobre este tema en la Corte Suprema de Justicia, aunque no realizó ninguna denuncia sobre los posibles abusos sexuales.
La organización trabajo como eje la violencia sexual en niñas y adolescentes, y recientemente publicó una investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes. “Nos parece importante separar ambos aspectos y aclarar: el acceso a métodos anticonceptivos es parte del acceso a los derechos en salud sexual y reproductiva de niñas, niños, adolescentes y de toda la población. La colocación de los implantes forma parte de las políticas públicas de cuidados de la salud sexual, es un servicio público y de acceso gratuito que va acompañado de una consejería donde se brinda toda la información necesaria y de esa forma garantizar una decisión informada, responsable y sobre todo consentida como lo establece la ley de SSPR 25.673″, explicaron.
Para Cladem, “se trata de estrategias comunicacionales y de un sector político que buscan confundir a la sociedad en general y enviar mensajes que demonizan el acceso a la salud sexual y reproductiva en niñas y adolescentes, estrategias clásicas de los sectores conservadores”.
Por último, exigen que las instituciones den respuesta a las denuncias de violencia sexual “investigando con debida diligencia y que a su vez se garantice la salud sexual de las adolescentes”.
