El lunes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria reprimió junto a Gendarmería una protesta que exigía la liberación del lonko Facundo Jones Huala, detenido desde el 27 de junio. Hubo 9 personas detenidas. El martes, la Gendarmería entró a los tiros al Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, allanó las tierras y quemó las instalaciones.
El martes 1 de agosto, día en que los pueblos originarios celebran el día de la Pachamama, en el territorio mapuche Pu Lof de Cushamen, cientos de efectivos de Gendarmería ingresaron a la comunidad por una orden de allanamiento del juez federal de Esquel Guido Otranto “a los fines de identificar a las personas que habrían realizado un corte de ruta”, dijo a lavaca Sonia Ivanoff, abogada del preso político mapuche Facundo Jones Huala. “Nunca se vio la orden. Entraron a las 7:30 de la mañana a los tiros”. La información brindada por Andrea Millañanco, confirmada también por la letrada y ratificada en la página de Facebook de la Red de Apoyo Comunidades en Conflicto – MAP, detalló: “Rompieron la tranquera con un camión hidrante que dio paso una fila de agentes armados, con 9 milímetros y escopetas. A la vista de los niños y las Lamuen que estaban reducidas en el piso armaron una fogata y quemaron todo lo que encontraron en las rukas como calzado, frazadas, colchones, ropa, banco de semillas orgánicas, etc. Otro grupo de efectivos recorrió el territorio y prendieron fuego una ruka en construcción y varias carpas”.
Luego de casi seis horas de hostigamiento, abandonaron el lugar sin dar explicaciones llevándose documentación, herramientas de trabajo, libros y revistas.
El día anterior, con el apoyo de Gendarmería, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reprimieron a integrantes de comunidades mapuche que se manifestaban frente al Juzgado Federal de Bariloche para exigir la liberación de Facundo Jones Huala, el lonko del Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, detenido desde el 27 de junio. Hubo 9 personas detenidas: la fiscalía ya emitió dictamen favorable para su liberación. “Las detenciones fueron muy violentas”, dice a lavaca Marina Shifrin, abogada. “Les pegaron mucho. Hay una chica que tiene los dientes partidos, personas con las piernas muy golpeadas. Muchos hematomas. Pedimos la excarcelación y pudimos ver qué les imputaban. Les van a quedar causas por daño agravado, por haber roto vidrios, pero el centro de la cuestión no es ese, sino que están luchando contra Benetton para recuperar las tierras vendidas al extranjero”. Denuncian que durante el allanamiento la Gendarmería detuvo a Santiago Maldonado, pero aún hoy no saben dónde está.
La persecución al pueblo mapuche lleva años y tiene una escalada puntual desde el 13 de marzo del 2015, cuando el Pu-Lof en Resistencia inició la recuperación de tierras ancestrales en el paraje Vuelta del Río, en una de las estancias de la multinacional Benetton. Sufrieron amenazas, represiones y una causa que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista. La primera vez que detuvieron a Jones Huala fue el 27 de mayo de 2016, cuando un violento despliegue de efectivos policiales, Gendarmería y GEOP detuvo al lonko por un pedido de captura desde Chile. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales volvieron a la recuperación y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería.
En enero, el Pu Lof en resistencia había sufrido tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo.
La nueva detención de Jones Huala se produjo el 27 de junio por una orden del juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva. “Está detenido de forma ilegal y arbitraria”, dice Ivanoff, quien junto a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta califica este proceso como una “aberración jurídica”.
¿Cómo se explica entonces? Las abogadas explican que la detención obedece a la misma orden de captura que emitió el Estado de Chile y que fue motivo de un juicio de extradición que se produjo el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. El juez federal Otranto declaró la nulidad del juicio ya que no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.
Gómez Alcorta dijo al respecto “Para la Argentina Facundo debería estar en libertad, si es que no apareciera otra nueva causa, que hasta el momento no apareció. El juicio y todo el proceso de extradición fue declarado nulo”. Luego de ese proceso, la fiscal Silvina Ávila y el procurador Eduardo Casal pidieron a la Corte Suprema que revocara la nulidad y concediera la extradición a Chile. Desde noviembre del año pasado, la Corte aún tiene pendiente de resolución ese trámite. Las abogadas Gómez Alcorta y Sonia Ivanoff denunciaron penalmente al juez Villanueva y el fiscal Jorge Bagur Creta por la “privación ilegal de la libertad” de Jones Huala, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6. También presentaron un escrito ante la Corte Suprema para que se expida sobre la situación de Jones Huala.
