La sentencia del caso de Lucía instó a todos los Poderes del Estado a dar cumplimiento el fallo penal que ordena políticas públicas para erradicar la violencia sexual contra las mujeres.
“Lucía” es el caso de la niña de 11 años abusada sexualmente por su abuelo y que resulto en un embarazo. La niña debió sortear numerosos obstáculos y dilaciones por parte del Estado que buscó forzarla a parir. En diciembre, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el abuso sexual contra la niña.
En la sentencia, el Tribunal de la Sala V Penal instó a que “todos los Poderes del Estado deben actuar como verdaderos garantes de salud, educación, acceso a la justicia, a la información adecuada, y que propenda a la erradicación de la violencia contra las mujeres y en particular de la niñez”.
Ante el escaso avance en el cumplimiento del fallo, desde las organizaciones Andhes y Cladem que acompañan a Lucía solicitaron al gobierno provincial que “se arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de las exhortaciones de la sentencia penal”.
La sentencia
El fallo de la sala Penal conformada por los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez ordenó el relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, campañas de educación, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, y de salud sexual y reproductiva, haciendo eje en docentes y efectores de salud.
Se requirió protocolos de prevención, educación y de recepción de denuncias, en toda la provincia pero en especial en la localidad 7 de Abril de donde es oriunda Lucía.
Además, el fallo estableció que el poder ejecutivo debía garantizarle a Lucía asistencia psicológica gratuita, una beca para que pueda culminar sus estudios y asistencia socioeconómica y sanitaria a la niña y su grupo familiar.
Finalmente, resalta la importancia de la implementación de políticas públicas e integrales sobre salud sexual y reproductiva, donde se incluyan iniciativas para prevenir, atender y reparar a las víctimas y con ello garantizar el acceso a tales derechos en nuestra provincia.
“Para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia proponemos se conforme una mesa de diálogo y seguimiento con las organizaciones que acompañamos el caso Andhes y Cladem, junto con la participación de representantes de la Secretaría de Estado de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Oficina de la Mujer y la Oficina de DDHH de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informó Fernanda Marchese, Directora Ejecutiva de Andhes, y Adriana Guerrero, coordinadora provincial de Cladem.
Así lo presentaron ante Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán.
