Desde las organizaciones que acompañan el caso celebraron el fallo de la jueza de Familia sobre filiación de la neonata nacida con vida luego de la ILE de la niña “Lucía”. Además, confirmaron que se constituyó la querella por la causa de abuso sexual.
El caso de “Lucía”, la niña de 11 años que ingresó al Sistema Público de Salud cursando un embarazo forzado, dejó expuestas las obstaculizaciones que se ejercen dentro del propio Estado, al momento de garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. El complejo entramado aún no fue investigado por el gobierno provincial para delimitar las responsabilidades en la obstrucción de derechos.
Desde La Nota, conversamos con Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes, quien realizó un repaso sobre las novedades del caso.
Esta semana se conoció el fallo “T.A.S”, emitido por la jueza de Familia Valeria Judith Brand sobre la filiación de la neonata nacida con vida luego de la ILE de la niña “Lucía”.
Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y Andhes (Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Sociales), organizaciones que acompañan el caso judicialmente, celebraron el fallo. “El fallo reconoce que el deseo de maternar, esto es la voluntad procreacional se debe reflejar también en sede administrativa, a través de la inscripción de la neonata en el registro civil”, explicó Fernanda Marchesse.
Para Marchese “es un fallo que sienta precedentes. Además, es algo nuevo. Vinimos diciendo que el embarazo forzado en la niñez es tortura, el Estado vulneró los derechos, y esto señala que en sede administrativa también hay que respetar los derechos de las niñas”.
En el fallo, la jueza expresa que “no debe perderse de vista que estamos en presencia de un embarazo no deseado en una niña de once años de edad, producto de un abuso sexual intrafamiliar, niña que a raíz de la gravedad del ilícito cometido en su contra (…), solicitara la Interrupción Legal del Embarazo por el cual se encontraba transitando, a la luz de lo normado por el Art. 86 del Código Penal”.
Para evitar la re-vulneración de los derechos de la niña, Brand afirma que las inscripciones de nacimiento y posterior defunción de la neonata no deben contener dato que implique vinculación de maternidad alguna respecto a la niña.
Sobre este punto, la jueza expresó que debe tenerse a Lucía “como una persona gestante sin voluntad procreacional, carente de toda intención de maternar por lo cual la inscripción del eventual nacimiento de esa neonata no puede ni debe reflejar otra circunstancia distinta”.
“Resoluciones cómo estás contribuyen a desmantelar construcciones culturales acerca de la obligación de maternar impuesta a las mujeres y niñas”, publicaron desde las organizaciones.
Sobre los avances en el acompañamiento a la niña, Marchese contó que “el Estado está pensando un plan intersectorial para abordar el caso de Lucía, finalmente, pero con la presión constante de las organizaciones que acompañan el caso”.
En este sentido, desde el Juzgado de Familia, se comenzó a diseñar un plan de seguimiento. “Un equipo de Salud Mental del SIPROSA está acompañando el caso, y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el órgano que por excelencia debe coordinar todas estas acciones y es el que pone en funcionamiento el Sistema de Protección Integral de la infancia, también tomo cartas en el caso”.
La directora de Andhes explicó que, desde una perspectiva de derechos, y entendiendo al Estado como garante de los mismos, los mecanismos de protección de derechos de las infancias se deberían activar en todos los casos de abuso sexual infantil. “En el caso de Lucía, el sistema de protección había actuado con anterioridad a todo esto, con una situación familiar muy compleja, sin embargo terminamos llegando a esta situación. La vulneración de derechos es desde mucho antes”, afirmó.
“Estamos hablando de una familia pobre, con los derechos sistemáticamente vulnerados. La dilación del estado en no hacer la ILE tiene que ver con que era una sujeta ya vulnerada en otros derechos”, denunció Marchese. “Queremos que el Estado ahora restituya los derechos, y nosotros corrernos como organización de la sociedad civil para que el Estado haga lo que tenga que hacer. Tímidamente, está respondiendo”.
“Desde las organizaciones siempre priorizamos la voluntad de la niña. Sabemos que Lucía se encuentra bien y ya volvió a ir a la escuela. Pero el Estado tiene que seguir presente y acompañándola”, sostuvo la directora.
Sobre la causa penal, esta semana, la madre de la niña se presentó como querellante con la asistencia letrada de los abogados y abogadas de Cladem y Andhes. “Hay pruebas absolutamente contundentes contra el imputado”, contó Marchese.
Sobre la denuncia de los médicos
Unas semanas atrás, la abogada Mara Mockevich, junto a un grupo de personas, denunciaron penalmente, luego de que muriera la neonata, a José Gigena y a Cecilia Ousset, los médicos que realizaron la ILE.
La denuncia ingresó justo en la fiscalía de turno a cargo de la fiscal Adriana Gianonni. “Recusamos a Gianonni ya que ella estaba siendo denunciada por la misma causa, no iba a ser imparcial y no garantiza una investigación objetiva”, explicó Fernanda.
La diputada radical María Teresita Villavicencio denunció penalmente a Gianonni por su intervención en el caso, quien, 15 días antes que se realice la ILE, y cuando Lucía ya había solicitado en diversas oportunidades su deseo de terminar con el embarazo, la fiscal informó a las autoridades sanitarias y a los agentes que dependen de ellas que “en atención a los intereses de los menores involucrados” estaban obligadas por leyes provinciales a proteger la salud y la vida desde la concepción.
También el juez Facundo Maggio se inhibió, y actualmente la denuncia se encuentra en manos juez Francisco Pisa, quien deberá resolver si acepta la inhibición o no y cómo sigue la causa.
“Hasta el momento no hay acusación a los médicos, solo una denuncia. Sabemos que la denuncia está fogoneada y apoyada por el poder político y esperamos que la justicia la desestime”, aseguró Marchese y explicó que “los médicos estaban actuando por órdenes del SIPROSA, contratados específicamente para realizar la práctica ya que todo el personal del hospital se había declarado objetor de conciencia”.
Por último, sobre las denuncias internacionales, la directora de Andhes explicó que tanto el Alto Comicionado de Naciones Unidas, la Comisión de Tortura, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están pidiendo información sobre el caso de Lucía al Estado y a las organizaciones. “Hay un contacto directo y diálogo permanente. Los mecanismos internacionales de defensa de derechos humanos están observando al estado argentino”.
