En los primeros días de julio la provincia de Tucumán se conmovió con la muerte de Érica, una niña de tres años, que ingresó a un hospital sin vida con signos de violencia física y desnutrición. Los vecinos habían realizado denuncias telefónicas previas por la situación en la que se encontraba la niña.
La denuncia que realizaron los médicos del hospital llevó a que se investigue la historia de Érica, una historia repetida entre muchos casos que no han trascendido en los medios, y que no es otra cosa que el producto de la miseria social, del abandono y desidia estatal.
El golpe mortal que Érica recibió en su cabeza fue el golpe final de toda una cadena de violencias estatal y familiar. En su historial, se registra que, en 2018, fue internada en la Sala Cuna junto a sus dos hermanitas porque su mamá tenía severos problemas de adicción y se encontraba en situación de calle.
Luego, por una disposición judicial, fueron entregadas al abuelo, que también a cargo de otros hijos y en situación de pobreza, sin que se hiciera una evaluación del nuevo escenario familiar. Ni desde la justicia ni las autoridades de la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia ordenaron un seguimiento ni asistieron a la familia en clara situación de vulnerabilidad con el agravante de numerosos antecedentes de violencia de género y maltrato infantil.
Ahora, los funcionarios judiciales y estatales pretenden deslindarse de la responsabilidad criminalizando a los profesionales de la Dirección Familia, Niñez y Adolescencia que son sometidos y lo vienen denunciando a condiciones de precarización laboral y de vaciamiento de los institutos y programas de atención y asistencia a la niñez y las familias. Los verdaderos responsables, para darle más fuerza a las justificaciones de este crimen social en los problemas que trajo aparejado las disposiciones en el marco de la cuarentena y la suspensión del funcionamiento de escuelas y otras instituciones que habrían encendido la alarma.
La verdad es que la muerte de Érica refleja una política sistemática, que lleva décadas, de vaciamiento de las políticas e instituciones de asistencia con una población creciente cada vez más sumida en la pobreza y la degradación, y donde los niños y los ancianos son el eslabón más débil de este proceso de degradación social.
El INDEC declaraba, a fines de 2019, que la pobreza había trepado al 38% a nivel nacional. Se proyecta que, en el marco de la pandemia, alcanzará al 50% de la población. Dentro de este universo, la ONU estima que cerca del 60% de los niños de la Argentina quedará sumergido en la pobreza una vez que termine la pandemia.
Asistimos claramente al agotamiento de un régimen social que no puede ofrecer más que miseria y barbarie para las familias trabajadoras y en este sentido se impone la necesidad de abrir un debate sobre la necesidad de un programa de salida desde la clase trabajadora. El reclamo de justicia por Érica debe apuntar a las responsabilidades gubernamentales y debe ir de la mano de la lucha por condiciones de trabajo y presupuesto en la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia y contra la persecución y criminalización a sus trabajadoras y trabajadores. Pero por sobre todas las cosas, debemos promover también la organización de comités barriales que, apoyados en asambleas y de manera independiente, se organicen para imponer los reclamos de los vecinos contra la violencia institucional, los abusos y maltratos intrafamiliares y por la salud, contra el hambre y la desocupación.
Nota publicada en: Política Obrera
