La querella de las cuatro jóvenes que denunciaron al médico Eugenio Guantay por abuso sexual, solicitó a la Justicia que el juicio oral se realice en la localidad vecina de Amaicha del Valle. “Implicaría un mensaje de reparación para las víctimas“, sostuvo la abogada Jimena Gómez Roselló.
Las cuatro jóvenes de Colalao del Valle que se animaron a romper el silencio y denunciar al médico Eugenio Guantay por abuso sexual aguardan una pronta resolución de la Justicia.
El próximo paso es el juicio oral. Para ello, la querella, conformada por la abogada Jimena Gómez Roselló, solicitaron a la Sala Conclusional N° 2, que se lleve a cabo en Amaicha del Valle, teniendo en cuenta las numerosas dificultades que representaría para las cuatro víctimas, sus familias y testigos de la causa que la misma sea en la capital tucumana. La querella adelantó que organizaciones de Derechos Humanos acompañarán este pedido.
Colalao del Valle se encuentra en el límite entre Tucumán y Salta, por lo que trasladarse hasta Capital, les toma entre 4 y 5 horas. A su vez, las víctimas y participantes han realizado la etapa de instrucción completa en la Localidad de Monteros, 4 horas ida y 4 horas vuelta hasta allí.
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“Es necesario observar la serie de barreras y obstáculos con los que se encuentran las mujeres que viven en los Valles para embarcarse en procesos judiciales”, expresó Gómez Roselló. “No es simplemente el traslado y desgaste físico y económico que genera sostener estos procesos, sino también que resulta no ecuánime que la administración de justicia solo suceda en las Capitales”.
Para la abogada, “es necesario pensar qué sería acceso a la justicia para mujeres de los valles. Reconocer las barreras no sólo de distancia sino también históricas y culturales que representa para habitantes de los Valles cuando se sufre un delito, implica impartir justicia y administrar los elementos necesarios para garantizar su presencia, su comodidad, la necesaria contención familiar, sus condiciones de vulnerabilidad pre existentes, y la desigualdad de género y de clase que presentan respecto del imputado Eugenio Guantay”.
Guantay fue denunciado penalmente en 2018 por cuatro víctimas, una de ellas menor de edad, que sufrieron diferentes ataques sexuales en el consultorio del único caps de Colalao del Valle cuando fueron a ser atendidas.
Para la abogada, la asimetría de poder está marcada desde un comienzo. “Por un lado 4 adolescentes y mujeres jóvenes y por el otro un hombre adulto de casi 50 años de edad, profesional, con estudios universitarios completos, propietario, director en un establecimiento público, importante sueldo y estabilidad laboral, referente social durante 20 años de esta localidad, como lo es el delegado comunal, la directora de escuela, o el cura de la iglesia para estas comunidades pequeñas. Es así como la querella considera que el Poder Judicial como parte del Estado, debe poner en marcha medidas pro-activas cuando las desventajas de un lado y del otro son tan notorias, siendo condición esencial para un buen y normal desenvolvimiento del proceso”.
Por otro lado, Gómez Roselló argumenta que la realización de este juicio en la localidad de Amaicha, implicaría un mensaje de reparación para las víctimas ante las diferentes omisiones estatales que transitaron durante toda su vida.
A su vez, el desarrollo de las audiencias en los valles tucumanos, “opera como un mensaje sancionatorio y reprochable ante el abuso sexual como problemática en sí mismo, teniendo en cuenta la tradición cultural patriarcal que acarreamos y que padecen quienes menos acceso a la información y a las herramientas de prevención tienen, naturalizando estas prácticas incluso en contextos intra familiares, por lo que resulta imperioso visibilizar, prevenir y sancionar este flagelo en lugares donde los mecanismo de mitigación son tan escasos, y el Poder judicial no debe ser ajeno al rol que le compete ante la comisión de este ilícito”, agregó la letrada.
Existe numerosa legislación nacional e internacional que respalda el pedido de la querella, donde se señala la necesidad de evitar la re-victimizaciones en los procesos judiciales para adolescentes y mujeres víctimas de agresiones sexuales.
“El Estado está obligado a emprender un rol más activo a la hora de impartir justicia, no siendo suficiente poner a disposición únicamente lo justo y necesario para desarrollar un proceso”, agregó.
Por último, la abogada expresó que “una respuesta judicial efectiva para víctimas de delitos de violencia de género resulta un factor fundamental para que las que lo padecieron puedan empezar a elaborar alguna reparación ante las sensaciones de angustia, impotencia y sometimiento que pesa sobre su integridad psicológica, y para ello, exigimos que las audiencias se lleven a cabo en la Localidad de Amaicha del Valle”.
