En la última semana dos casos de violencia policial pusieron nuevamente en agenda el accionar de las Fuerzas de Seguridad. Desde Correpi denuncian que, desde que asumió Macri, la violencia policial e institucional se ha incrementado.
El gobierno de Cambiemos registra los números más altos de muertes por violencia policial desde 1983 según el último informe realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) del año 2018 . En los últimos días, la problemática se mediatizó y visibilizó a raíz de dos nuevos casos: Jorge Gómez de 41 años, y Vicente Luis Ferrer de 68. Ambos murieron como consecuencia de los golpes que recibieron.
En promedio, una persona es muerta a manos de la violencia estatal cada 21 horas superando “la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo”, algo que no sucedía desde el fin de la dictadura, detalla el informe.
Entre el mes de diciembre del 2015 y febrero del 2019, “un total de 1.303 personas” fueron víctimas de este tipo de violencia institucional. Una cifra que “representa el 20% del total desde diciembre de 1983 en poco más de tres años”.
En lo que respecta a la Policía de la Ciudad, creada en 2017, el documento registra 43 casos fatales en 26 meses de existencia. Sin contar las 22 víctimas a manos de la Policía Metropolitana entre 2011 y 2017, esto da un promedio de dos muertes por mes.
A su vez, explica que “más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal” estaban detenidas o caminaban por un barrio tal como sucedió con Jorge Gómez, quien murió por una “fractura de cráneo” debido a la patada en el pecho que recibió del policía Esteban Armando Ramírez al caer hacia atrás contra el asfalto. Ramírez se encontraba detenido, acusado por el delito de “homicidio preterintencional”, pero recuperó su libertad en las últimas horas.
A la par del aval del gobierno a la llamada “doctrina Chocobar”, término con el se denominó a la voluntad de la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de flexibilizar las limitaciones a la actuación policial, a partir del caso en que el policía Luis Chocobar quedó libre luego de disparar y matar a un joven por la espalda, se “invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático”, concluye el informe.
Las políticas de seguridad de Bullrich han sido cuestionadas por académicos, políticos y organizaciones sociales. Señalan que la ministra ha instaurado una suerte de aval o legitimación para que las fuerzas de seguridad usen la violencia extrema para resolver conflictos.
El próximo 27 de agosto se realizará la 5ta Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil.
