Mientras la Legislatura debate el paquete de propuestas que elevó el Poder Ejecutivo para tratar de fortalecer las tareas preventivas de la fuerza provincial, el ministro de Seguridad, Claurdio Maley, explicó los alcances del nuevo protocolo de seguridad que pretende bajar los índices en materia delictiva que se registran en la provincia, en una entrevista en LV12.
“Lo que queremos es trabajar fuertemente en la prevención”, expresó, y luego detalló algunos puntos en los cuales hace foco la creación de los cuerpos de policías municipales. “En principio tenemos personal con una formación fuerte en lo que hace a lo físico y entrenamiento en cuanto a legislaciones vigentes y hoy lo que pretendemos con estos vigías es aumentar la capacitación y la formación y también autorizar el uso de armas para que los municipios tengan una policía en condiciones de actuar en la prevención y en la intervención de los casos que ameriten”.
El proyecto de ley que detalló el ministro se inscribe dentro de la ley 9057, de Emergencia en Seguridad Pública. La propuesta es de dotar a los vigías municipales de armas de puño, y de otras no letales como bastón, gas, o algún dispositivo eléctrico, “que puedan usar para preservar la seguridad, permitirle al ciudadano el tránsito seguro y acompañado para que realmente bajemos los índices que nos viene afectando en lo que hace a la seguridad”, expresó.
Organismos de Derechos Humanos rechazaron el “Protocolo Maley”
El protocolo
El Ejecutivo elevó un paquete de propuestas al Poder Legislativo para tratar de fortalecer las tareas preventivas de la fuerza provincial.
La primera de ellas llegó como decreto de necesidad y urgencia (DNU), por lo que sólo puede ser aprobada o rechazada -no modificada-, y apunta a la habilitación para la compra de armas y equipos por 8,48 millones de dólares (más 714.000 dólares en concepto de IVA). La operatoria, que se realizará a través de una firma radicada en Buenos Aires, permitirá la adquisición de elementos de origen israelí. Entre ellos, 4.000 chalecos blindados, 4.000 pistolas Jericho 9 mm, 100 escopetas calibre 12/79, 50 rifles de asalto Tavor X95, 20 subfusiles Uzi Pro, 20 lanzagranadas IWI GL40 y cuatro equipos de francotirador. La Provincia pagará el 35% en efectivo antes de que cierre el mes, mientras que el resto será saldado con cheques diferidos hasta diciembre de 2019.
La segunda iniciativa del paquete contra el delito promueve la creación de los cuerpos de policías municipales. Este proyecto permitirá que, si los concejos deliberantes se adhieren, los uniformados de cada localidad -hoy denominados vigías- puedan portar armas de fuego, como los integrantes de la fuerza provincial.
El tercer punto es la sanción del “protocolo Maley”, que regula los parámetros y condiciones para el uso de la fuerza para la Policía de la Provincia. El objetivo es que el uniformado tenga presentes una serie de lineamientos ante la comisión de un delito en la vía pública. Además, prevé la habilitación para que, de manera oficial, los policías puedan contar, dentro de su equipamiento, con armas eléctricas -como las pistolas Taser- y dispositivos de gas picante en aerosol.
