La Comisión de Justicia del Senado emitió dictamen y la iniciativa se tratará en el recinto la semana próxima. Se establece una cadena de custodia, se exige la elaboración de un protocolo y se fija hasta 4 años de prisión por “violación de secretos”.
Un proyecto impulsado por senadores peronistas para penar la filtración de escuchas judiciales avanza en la Cámara alta. Este miércoles, la iniciativa que prevé hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales, obtuvo dictamen unánime de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.
“Ya el año pasado advertíamos que la dirección de escuchas judiciales tenía que tener una cadena de custodia para preservar la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones y que éstas tuvieran como destino aportar pruebas en causas penales y no atacar el honor y la dignidad de las personas, sobretodo aquellas que tienen una trayectoria política, con un uso absolutamente ilegal de las mismas”, explicó ayer Rodolfo Urtubey en clara alusión a los diálogos difundidos entre la ex mandataria y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli.
Presentado el año pasado pero reimpulsado esta semana luego de que Carrió acusara a Lorenzetti de ejercer una “inteligencia paralela”, el proyecto estuvo acompañado por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto y sus compañeros Pedro Guastavino y Carlos Espínola y obtuvo el respaldo de los legisladores de todas las bancadas.
El proyecto se presentó en el marco de la proliferación de audios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la embestida de Elisa Carrió contra e titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti
Por lo pronto, el texto responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende. También se le requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.
El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a jueces y a fiscales. Además, las escuchas no podrán extenderse por más de treinta días, a menos que haya una orden judicial para su prórroga.
Las sanciones previstas en la norma van desde la “falta grave administrativa” a los cuatro años de prisión y establece, en el caso de magistrados y funcionarios judiciales, la posibilidad de ser acusados, además, por “mal desempeño en sus funciones” y pasibles de juicio político.
La violación a las normas de la cadena de custodia, sin importar si eso genera una filtración, será considerada como “falta grave administrativa”. Asimismo, serán castigados con prisión de seis meses a dos años a quienes, obligados a guardar el secreto sobre la información, violaran ese deber de confidencialidad.
Finalmente, se penará con prisión de dos a cuatro años a quien “a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su difusión” las escuchas. Si el responsable fuera un funcionario público, además, se lo inhabilitará de manera especial.
